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Advertencia previa

Este artículo reúne en un solo documento tres investigaciones que publiqué en X durante el mes de mayo de 2026. Cada una fue leída, comentada, debatida por decenas de miles de franceses. Cada una parte de un hecho concreto, verificable, con fuentes. Y cada una, tomada de forma aislada, ya dice mucho. Pero es su convergencia la que, puesta una tras otra, dibuja el rostro exacto de un país que ya no funciona.

El primer dossier cuenta lo que vive, a diario, un propietario arrendador francés. No un inversor extranjero, no un multimillonario de la prensa: un francés corriente que invirtió el fruto de su trabajo en un bien inmobiliario para alquilarlo a otros franceses. Descubrirán la trampa administrativa y fiscal en la que el Estado lo ha encerrado metódicamente, sin preaviso, sin concertación, sin alternativa.

El segundo dossier cuenta lo que vive, a diario, el jefe de una pyme francesa. No un directivo del CAC 40, no el patrón de una multinacional: un hombre o una mujer que se levanta a las 5 de la mañana para dar de vivir a diez asalariados y sus familias. Descubrirán lo que significó, concretamente, el anuncio del ministro de Cuentas Públicas el 23 de mayo de 2026 en TF1, y por qué este episodio podría, por sí solo, condenar a Marc, Stéphanie y Michel al paro.

El tercer dossier cuenta otra confesión, más discreta, pero de una gravedad histórica: el 26 de mayo de 2026, el gobierno francés reconoció públicamente que necesitaba cuatro economistas independientes para comprender el estado exacto de las finanzas públicas que él mismo gestiona desde 2017. Descubrirán las cifras que se esconden tras esta confesión, y por qué la cita electoral de abril y mayo de 2027 no será un comicio ordinario.

El cuarto dossier, en fin, no cuenta una deriva económica sino una deriva democrática: la de una institución no electa, el Consejo Constitucional, que se ha arrogado el poder de borrar los votos del Parlamento soberano. Descubrirán la historia de esta mutación institucional, y por qué esta anomalía ya no puede durar.

Estos cuatro relatos no son la obra de un opositor. Son el trabajo de un francés que ama a su país, que constata su desmoronamiento, y que se niega a callar mientras lo destruyen. Cada cifra citada tiene fuente. Cada fecha es verificable. Cada actor está nombrado. No habrá ninguna excusa, en 2030, para decir que nadie lo sabía.

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I. El Estado francés tiene un problema con sus propietarios arrendadores

Acabo de ver que la tasa contra las viviendas vacías va a duplicarse.

A ver si lo entiendo bien:

Tienen mucha suerte de que la plebe haya sido calmada a golpe de LBD durante la crisis de los Chalecos Amarillos, donde Macron había estado a punto de ser evacuado en helicóptero, y de que ahora sea bien servil. Aceptando ser perseguida fiscalmente como una bestia inmunda si tuvo la desgracia de construir una caseta de jardín no declarada, de instalar un invernadero no declarado para producir sus verduras, y lo demás.

Una plebe que sufre la sobretasación del litro del carburante necesario para ir a trabajar, que ya no le permite ganarse la vida serenamente, con un nivel de tasación y una apisonadora normativa y administrativa sobre el fruto de su trabajo tal que el propio tejido económico dobla la rodilla. Alégrense de tener una plebe que aún no coja las horcas para que reviva la nación.

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Del inmobiliario a la empresa: mismo método, mismos efectos

Acaban de leer el calvario administrativo de un propietario arrendador. Van a leer ahora el calvario administrativo de un jefe de empresa. Notarán rápido que no es una casualidad de estructura: es la misma mecánica de Estado, aplicada a otro sector, con las mismas consecuencias. Se grava sin concertación. Se cambian las reglas sin preaviso. Se anuncian en una cadena de televisión decisiones que habrían merecido un debate parlamentario. Y cuando las víctimas intentan comprender, se les oponen textos que las atrapan sin recurso.

El 23 de mayo de 2026, en TF1, el ministro de Cuentas Públicas David Amiel anunció una decisión que, por sí sola, va a costar 2 mil millones de euros a las empresas francesas de un día para otro. Esta decisión, casi nadie la oyó. Nadie la contestó públicamente. Nadie se puso en medio. Y sin embargo, sus consecuencias se medirán en despidos, en quiebras, en proyectos de inversión anulados. Esto es lo que significa concretamente.

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II. El Estado francés tiene un problema con sus empresas

Acabo de enterarme de que el ministro de Cuentas Públicas tomó el viernes en TF1 una decisión que va a costar 2 mil millones de euros a las empresas francesas de un día para otro. A ver si lo entiendo bien.

La justificación oficial: el Estado «no tiene los medios».

  1. No tiene los medios, pero 5,7 millones de funcionarios.
  2. No tiene los medios, pero cerca de 1500 operadores públicos cuyo rendimiento nadie mide.
  3. No tiene los medios, pero 800 mil millones de euros de gasto social cada año.
  4. No tiene los medios, pero gabinetes ministeriales que pululan.
  5. No tiene los medios, pero 26 mil millones de euros comprometidos para Ucrania.
  6. No tiene los medios, pero 7,3 mil millones de euros de ayuda pública al desarrollo pagados al extranjero cada año.
  7. No tiene los medios, pero 4 mil millones de euros de Ayuda Médica de Estado cada año para los sin papeles.
  8. No tiene los medios, pero 18 mil millones de euros de intereses de la deuda solo para el año en curso, y 75 mil millones al año de aquí a 2027.
  9. No tiene los medios, pero 16 mil millones de euros al año de fraude social jamás recuperado.
  10. No tiene los medios, pero 1,2 mil millones de euros para los JJOO de París en sobrecostes no previstos.
  11. No tiene los medios, pero 500 millones de euros para Notre-Dame encontrados en unos días.
  12. No tiene los medios, pero 12 mil millones de euros al año para las asociaciones subvencionadas cuya utilidad nadie audita.
  13. No tiene los medios, pero 6 mil millones de euros al año para el CPF que unos defraudadores han saqueado sin control.
  14. No tiene los medios, pero contribuciones europeas netas de 9 mil millones de euros al año, buena parte de las cuales vuelve en directivas que nos cuestan aún más caro.
  15. No tiene los medios, pero siempre se encuentra para subvencionar lo que no produce nada.
  16. No tiene los medios, pero 925 parlamentarios, 577 diputados, 348 senadores, y cerca de 2000 asistentes parlamentarios remunerados con fondos públicos.
  17. No tiene los medios, pero 34 ministros, 570 consejeros ministeriales y 2257 personales de apoyo en los gabinetes, para un presupuesto anual superior a 170 millones de euros.
  18. No tiene los medios, pero 125,6 millones de euros al año para el Elíseo solo, 822 agentes al servicio del Presidente, y un presupuesto al alza del 10 % desde 2023.
  19. No tiene los medios, y sin embargo: 1494 operadores públicos censados, 350 mil millones de euros de ahorros anuales identificados, siete dossiers de más de 2500 páginas, públicos, con fuentes y gratuitos en delta-sierra.com. Todo está documentado. Todo está cifrado. Todo está disponible.

Pero para ti, patrón de pyme, que produce, que emplea, que a menudo no logra sacarte un salario, que paga, que invierte, ya no hay nada.

Reflexionas. Haces tus cálculos. Te dices que no podrás contratar al undécimo que preveías. Que vas a tener que aplazar la inversión en la nueva máquina. Que quizá, si esto continúa, vas a tener que separarte de Marc, el último en llegar. Y que si la actividad sigue contrayéndose, vas a tener que despedir a Stéphanie y a Michel que llevan diez años y para quienes el salario que les pagas es su única esperanza de mantener la cabeza fuera del agua.

Marc, por su parte, nunca sabrá que fue una decisión tomada el viernes en TF1 por un ministro del que jamás había oído hablar la que le costó su empleo. Pensará que es culpa suya.

Y sin embargo, esto es lo que ya paga un patrón de pyme francesa

Para dar 100 euros netos en el bolsillo de un asalariado al SMIC, el empleador desembolsa cerca de 155 a 165 euros de coste completo (salario bruto más cargas patronales). O sea, cerca de 60 euros de detracciones por 100 euros realmente pagados al asalariado. Es una de las cuñas fiscales más elevadas de la OCDE.

↗ Fuente: OCDE, Taxing Wages 2024.

Más allá del trabajo, Francia es también el país de la Unión Europea que más detrae de la economía: 45,3 % del PIB en detracciones obligatorias en 2024, frente al 40,4 % de media en la UE-27, 40,9 % en Alemania, 34,9 % en Canadá y 25,6 % en Estados Unidos. Sí, han leído bien: 25,6 % en Estados Unidos.

↗ Fuente: Insee a partir de Eurostat, datos 2024.
↗ Fuente: OCDE, Estadísticas de los ingresos públicos 2025 (Francia está clasificada 2ª mundial).

Peor aún: según el proyecto de ley de finanzas para 2026, el tipo efectivo del impuesto de sociedades pagado por las pymes alcanza el 39,5 %, frente al 18,6 % para las grandes empresas. Los pequeños pagan el doble que los grandes. Esta cifra está en el propio PLF.

↗ Fuente: Enmienda n.º I-2531, PLF 2026, Asamblea Nacional.

El paro ya está en el 8,1 %, el más alto desde hace cinco años, y sube desde hace varios trimestres consecutivos. El número de quiebras de empresas batió su récord histórico en 2024. Las contrataciones se hunden.

Y ante esto, el Estado responde transfiriendo 2 mil millones de euros más sobre los hombros de quienes aún se tienen en pie. Porque las empresas no votan. Porque los jefes de empresa no tienen tiempo de manifestarse. Porque encajan en silencio, como siempre.

Tienen mucha suerte, señores ministros, de que los patrones franceses sean aún gente responsable que prefiere apretar los dientes antes que tirar sus llaves sobre la mesa. Tienen mucha suerte de que no hayan decidido aún, en masa, cerrar el negocio, irse a Portugal, a Estados Unidos, a Suiza, a Dubái, o simplemente que ya basta.

Pero ese día llegará. Y cuando llegue, ya no sabrán a quién gravar. Porque no se gravan las ruinas.

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De la empresa al Estado: la confesión final

Acaban de comprender cómo el Estado francés presiona metódicamente a sus propietarios y a sus emprendedores. Van a comprender ahora por qué lo hace. La respuesta cabe en una fecha: 26 de mayo de 2026.

Ese día, el gobierno anunció que confiaba de urgencia a cuatro economistas independientes una misión de «transparencia y clarificación» de las finanzas públicas. Comprendan bien el alcance de esta confesión: el ejecutivo francés, tras nueve años de poder, reconoce públicamente que necesita cuatro expertos externos para comprender el estado de las finanzas que él mismo ha gestionado desde 2017. No es una reforma. No es una iniciativa. Es una capitulación ante una deuda que ya no pilota nadie.

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III. Confesión de impotencia en Bercy

El 26 de mayo de 2026, el ministro de Economía Roland Lescure y el ministro de Cuentas Públicas David Amiel anunciaron que confiaban de urgencia a cuatro economistas independientes una misión de «transparencia y clarificación» de las finanzas públicas francesas.

↗ Fuente: comunicado conjunto Lescure-Amiel, 26 de mayo de 2026, retomado por BFMTV, Les Échos, AEF Info y Acteurs Publics.

Los cuatro encargados

Su misión: producir antes de julio de 2026 un estado de situación objetivo de las cuentas públicas y escenarios de reequilibrio en el horizonte 2030.

Comprendan bien lo que esto significa

Tras nueve años de poder, tras haber inventado y reinventado su propio gobierno seis veces en catorce meses, el poder ejecutivo francés reconoce públicamente que necesita cuatro economistas independientes para comprender el estado exacto de las finanzas que él mismo ha gestionado desde 2017.

La confesión de impotencia es de una gravedad histórica.

Retomemos las cifras en su brutalidad

A título de comparación, 74 mil millones de euros de intereses anuales es más que el presupuesto total de la Defensa Nacional (50,5 mil millones en 2026), más que el de la Justicia, más que el de la Enseñanza Superior. Cada año, Francia paga en simples intereses el equivalente al presupuesto de un ministerio regaliano completo.

Y esto es lo peor: el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, advirtió públicamente el 24 de mayo de 2026 que sin corrección inmediata, Francia entra en una fase de «asfixia gradual» donde la simple carga de la deuda absorberá mecánicamente todo margen de acción pública.

↗ Fuente: RTL, 24 de mayo de 2026.

¿Quién es responsable?

Quienes han gobernado este país desde 2017, y quienes los eligieron creyendo en ello.

El déficit público era del 2,3 % del PIB en 2018. Explotó al 9,0 % en 2020 (justificado por la pandemia), y luego jamás volvió a bajar por debajo del 4,8 %. Siete años después, sigue por encima del 5 %. Ningún país comparable de la zona euro presenta tal persistencia. Alemania está en el 2,8 %. Italia bajó al 3,4 %. España al 2,9 %. Francia, segunda economía de la zona euro, se ha convertido en la peor alumna.

Y mientras tanto

Dicho de otro modo: el Estado francés detrae más que en ningún sitio de Europa, gasta más que sus ingresos, no produce ningún servicio público de excelencia comparable a sus vecinos, y acaba de confesar que ya no sabe cómo enderezar la situación sin llamar de urgencia a cuatro expertos externos.

¿En qué momento exacto decidieron que era aceptable pagar el tipo de impuestos más elevado de Europa para obtener, a cambio, la deriva presupuestaria más rápida de Europa?

Y esta es la verdad que ni Lescure, ni Amiel, ni los cuatro economistas encargados dirán tan claramente: un país que necesita expertos externos para comprender sus propias cuentas es un país cuyo aparato de Estado ha renunciado a pilotar.

Y no será el informe de julio de 2026 el que cambie nada. Porque el diagnóstico se conoce desde hace quince años. Todos los Tribunales de Cuentas sucesivos, todos los informes del Alto Consejo de las Finanzas Públicas, todas las misiones del Tesoro señalan las mismas derivas estructurales: sobreempleo público, agencias innumerables no auditadas, fraude social jamás recuperado, despilfarro administrativo, multiplicación de los operadores sin control de eficacia.

Lo que falta no es el análisis. Es la voluntad política de actuar.

Y esa voluntad política solo vendrá de un sobresalto ciudadano.

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Del Estado que deriva a la institución que confisca

Tienen ahora las tres caras del problema económico francés: el arrendador aplastado, el emprendedor asfixiado, y un Estado que ya no sabe pilotar sus propias finanzas. Pero aún falta una pieza en el cuadro, y es probablemente la más grave. Porque por encima de todas estas disfunciones, existe en Francia una instancia que puede, por sí sola, anular la voluntad del pueblo soberano expresada por sus electos. Esta instancia no fue elegida por los franceses. No les rinde cuentas. Y acaba de proporcionar, en mayo de 2026, la demostración más clara de su papel real.

El 21 de mayo de 2026, nueve personas que ustedes jamás eligieron borraron de un plumazo un voto del Parlamento de la República francesa. Aquí está cómo, y aquí está por qué esto ya no puede durar.

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IV. Cuando nueve personas no electas revierten la voluntad de sesenta y ocho millones de franceses

Anatomía de un golpe de Estado legal: el caso de las ZBE y la necesidad de suprimir el Consejo Constitucional.

El 21 de mayo de 2026, nueve personas que ustedes jamás eligieron borraron de un plumazo un voto del Parlamento de la República francesa. Ese día, el Consejo Constitucional censuró la supresión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que los diputados y senadores habían no obstante adoptado. Lean bien: la representación nacional, elegida por sufragio universal directo, votó para suprimir un dispositivo que los franceses rechazan masivamente. Nueve personas nombradas políticamente restablecieron ese dispositivo. He aquí el estado de nuestra democracia.

Este artículo no es un editorial de humor. Es un acto de acusación documentado. Y la conclusión será nítida: el Consejo Constitucional debe ser suprimido.

1. La cronología de una confiscación

Retomemos los hechos, por orden, sin la menor aproximación.

Etapa 1: el origen europeo del dispositivo. Las ZBE no son una invención francesa espontánea. Derivan de una obligación europea. La directiva 2008/50/CE del 21 de mayo de 2008, transpuesta al derecho francés, fija valores límite de contaminación del aire para las aglomeraciones. Francia fue incluso requerida por la Comisión Europea y condenada en varias ocasiones por superación crónica de los umbrales.

Primera constatación: las ZBE son ante todo una respuesta a una restricción jurídica europea, no una elección democrática francesa.

Etapa 2: el rechazo popular. Ante la realidad del terreno —familias modestas prohibidas de circular en su propia ciudad porque su diésel de 2008 es «demasiado contaminante», artesanos impedidos de trabajar, jubilados asignados a residencia— la opinión pública basculó. Los diputados, que están en contacto con sus electores, escucharon.

Etapa 3: el voto del Parlamento. En comisión mixta paritaria el 20 de enero de 2026, luego validado por la Asamblea Nacional el 27 de enero y el Senado el 29 de enero, la representación nacional votó la supresión de las ZBE en el marco del proyecto de ley de simplificación de la vida económica. Enmiendas presentadas por Los Republicanos y la Agrupación Nacional, apoyadas hasta por La Francia Insumisa —caso raro de unión sobre un tema societal. La democracia representativa habló.

Etapa 4: el recurso ante el Consejo Constitucional. Setenta diputados de la mayoría macronista, descontentos con el voto, recurren al Consejo. Noten bien este punto: son perdedores del voto parlamentario quienes solicitan a nueve personas no electas anular la decisión democrática que no les convino.

Etapa 5: la censura del 21 de mayo de 2026. El Consejo Constitucional restablece las ZBE. Motivo invocado: «jinete legislativo». Traducción: la supresión de las ZBE no habría tenido su lugar en una ley de simplificación económica. Veinticinco artículos de 84 fueron censurados sobre este solo motivo procedimental, o sea, cerca de un tercio del texto.

El pueblo votó por diputados. Los diputados votaron una ley. Nueve personas nombradas anularon la ley. He aquí el mecanismo.

2. ¿Por qué se había creado el Consejo Constitucional?

Para comprender lo absurdo de la situación actual, hay que volver a 1958. Cuando el general de Gaulle instituye el Consejo Constitucional por la Constitución del 4 de octubre de 1958, la institución no tiene estrictamente nada que ver con lo que se ha vuelto. Su misión original, en el espíritu del Constituyente, era doble y limitada.

Primeramente, proteger al ejecutivo contra las intromisiones del Parlamento. Recordemos el contexto: la IVª República acababa de derrumbarse precisamente a causa de la omnipotencia de una Asamblea ingobernable, capaz de derribar los ministerios cada seis meses. El Consejo Constitucional debía servir de perro guardián del dominio reservado del Gobierno (artículos 34 y 37 de la Constitución), para impedir que los diputados legislaran sobre todo y cualquier cosa. Una misión técnica, estrecha, procedimental.

En segundo lugar, controlar la regularidad de las elecciones presidenciales y de los referendos. También aquí, misión técnica.

Lo que el Consejo Constitucional no debía hacer en 1958:

¿Cómo se llegó ahí? Por tres derivas sucesivas, cada una ampliando el poder del Consejo sin jamás someter esta extensión a un referéndum popular.

Deriva n.º 1: la decisión «Libertad de asociación» del 16 de julio de 1971. El Consejo se autoatribuye la guarda del preámbulo de la Constitución y por tanto del «bloque de constitucionalidad» (Declaración de 1789, Preámbulo de 1946, Carta del medio ambiente). En una sola decisión, transforma su papel: de salvaguarda procedimental, se convierte en juez del fondo.

Deriva n.º 2: la revisión constitucional del 29 de octubre de 1974. Bajo Valéry Giscard d'Estaing, se extiende el recurso a sesenta diputados o sesenta senadores. Consecuencia práctica: toda oposición parlamentaria batida en las urnas puede en adelante recurrir al Consejo para hacer anular lo que la mayoría ha votado. Es exactamente lo que ocurrió en mayo de 2026.

Deriva n.º 3: la QPC (Cuestión prioritaria de constitucionalidad) en 2008. Bajo Nicolas Sarkozy, se permite a todo justiciable pedir al Consejo censurar una ley en vigor. El Consejo se convierte en una verdadera corte suprema de hecho, sin tener ni el estatuto, ni la legitimidad, ni el modo de designación.

Balance: una institución concebida como un escribano procedimental se ha convertido en un censor político por encima del pueblo soberano.

3. Seis argumentos irrebatibles para su supresión

1. El argumento democrático: la soberanía nacional está confiscada. El artículo 3 de la Constitución dispone: «La soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejerce por sus representantes y por la vía del referéndum.» No por nueve personas nombradas. Cuando un Consejo no electo deshace lo que la elección ha hecho, no protege la democracia: la niega.

2. El argumento del modo de nombramiento: un casting político puro. Los nueve miembros del Consejo Constitucional son nombrados a partes iguales por el Presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado. No se requiere ninguna cualificación jurídica. La institución cuenta hoy con antiguos Primeros Ministros (Laurent Fabius, hasta febrero de 2025), antiguos presidentes de la Asamblea (Richard Ferrand, desde febrero de 2025), antiguos ministros, amigos políticos. Pregúntense quién los eligió, y comprenderán qué intereses defienden. Un tribunal político nombrado por los políticos para juzgar a los políticos: es la definición misma del conflicto de intereses institucionalizado.

3. El argumento financiero: 17 millones de euros al año para amordazar al pueblo. El presupuesto del Consejo Constitucional para 2025 asciende a 17 millones de euros, al alza del 2 % respecto a 2024. Cada miembro cobra oficialmente cerca de 15 000 euros brutos mensuales, a los que se añade, según varios informes parlamentarios y de investigación, una indemnización de función del orden de 100 000 euros al año por miembro, creada por una simple carta ministerial no publicada de Florence Parly en marzo de 2001. Una indemnización de la que el Observatorio de la ética pública ha establecido que no tiene ninguna base legal, reservando el artículo 63 de la Constitución esta competencia al solo legislador orgánico. El Consejo encargado de hacer respetar la Constitución viola la Constitución para remunerar a sus miembros más allá de los textos.

4. El argumento del doble rasero: un Consejo de geometría variable. Comparen dos dossiers recientes: sobre las ZBE, el Consejo censura por un motivo de pura procedimiento («jinete legislativo»). Sobre el presupuesto 2026 examinado el 19 de febrero de 2026, en cambio, el Consejo no censuró ningún artículo sobre el fondo, validando lo esencial de un texto sobre el que varios grupos parlamentarios habían planteado graves objeciones constitucionales. Según los temas, el Consejo es riguroso o flexible. Según las mayorías, es puntilloso o complaciente. Una institución que aplica un doble rasero no es una jurisdicción: es un instrumento.

5. El argumento comparativo: otras democracias prescinden de él. El Reino Unido, la más antigua democracia parlamentaria de Europa, no tiene corte constitucional. La soberanía parlamentaria allí es absoluta: lo que el Parlamento ha votado, ningún juez no electo puede deshacerlo. Los Países Bajos tampoco tienen control de constitucionalidad de las leyes. Estos países no son por ello dictaduras. Al contrario: respetan ese principio republicano elemental según el cual la última palabra corresponde siempre al pueblo, no a notables nombrados.

6. El argumento de la deriva: el Consejo sale cada vez más de su papel. Estos últimos años, los ejemplos se multiplican. Sobre el referéndum de iniciativa compartida relativo a la reforma de las pensiones, el Consejo juzgó dos veces (abril y mayo de 2023) inadmisibles las proposiciones de ley que pedían el mantenimiento a los 62 años, privando así al pueblo de un derecho que la Constitución le reconoce expresamente. Sobre la inmigración, sobre los suelos, sobre las ZBE, el Consejo dirime sistemáticamente contra la mayoría parlamentaria. El patrón de los diputados LR Laurent Wauquiez habló, con razón, de una «deriva antidemocrática» que llama a una revisión constitucional. Alexandre Jardin, escritor y fundador del movimiento ciudadano Bleu Blanc Zèbre, habla de «una crisis de democracia, una crisis moral, el parlamento es ultrajado». Cuando voces tan diversas convergen, es que hay problema.

4. Lo que hay que hacer: supresión pura y simple

Las soluciones de compromiso (reforma del modo de nombramiento, exigencia de cualificaciones jurídicas, encuadre de los recursos) son cataplasmas.

El problema no es el casting del Consejo: es su existencia misma.

La propuesta es clara y estructurada en tres tiempos.

A. Supresión del Consejo Constitucional por referéndum. El artículo 11 de la Constitución permite al Presidente de la República someter a referéndum todo proyecto de ley relativo a la organización de los poderes públicos. La supresión del Consejo entra exactamente en esta categoría. Corresponde al pueblo, y al pueblo solo, decidir si estas nueve personas deben seguir pudiendo contradecirlo.

B. Transferencia de las competencias técnicas residuales. El control de la regularidad de las elecciones presidenciales y del referéndum a una cámara especializada del Tribunal de Casación, compuesta de magistrados profesionales reclutados por concurso.

C. Afirmación de la soberanía parlamentaria. Lo que la representación nacional vota, elegida por sufragio universal, tiene fuerza de ley sin que ninguna instancia no electa pueda anularlo. El único recurso sigue siendo el pueblo mismo, por el referéndum de iniciativa popular —que habrá por otra parte que flexibilizar, pero es otro tema.

5. Lo que este caso nos dice de la Francia de hoy

El caso de las ZBE no es un detalle técnico. Es el síntoma agudo de una enfermedad democrática grave: un sistema donde las élites se han organizado para neutralizar sistemáticamente las elecciones del pueblo cuando esas elecciones no les convienen.

El pueblo votó. Los diputados votaron. El Senado votó. La comisión mixta paritaria dirimió. Y nueve personas, porque no estaban de acuerdo, restablecieron lo que todo el mundo rechaza.

Esta situación no es duradera. No será duradera.

O bien retomamos en mano nuestras instituciones por las vías legales —referéndum, elección presidencial de 2027 que lleve explícitamente este tema, movilización parlamentaria— o bien la ruptura se hará por otras vías, más violentas, como la Historia ya nos lo ha mostrado en varias ocasiones desde 1789.

El Consejo Constitucional ya no es el guardián de la Constitución: se ha convertido en el carcelero de la soberanía popular.

Es hora de devolver la llave al pueblo.

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Conclusión — Una elección democrática en 2027

Cuatro dossiers. Cuatro caras del mismo desmoronamiento. Cuatro frentes donde la República francesa se borra ante un sistema que ya no la sirve.

El arrendador sabe en adelante que su patrimonio se ha vuelto un riesgo fiscal permanente. El emprendedor sabe en adelante que su herramienta de trabajo se ha vuelto un punto de fuga presupuestario. El contribuyente sabe en adelante que el Estado que financia ya no sabe pilotar sus propias cuentas. Y el ciudadano sabe en adelante que su voto puede ser borrado por nueve personas que jamás eligió.

Dentro de once meses, en abril y mayo de 2027, Francia irá a votar por su próximo presidente y su próxima mayoría. Si reproduce, por reflejo, por costumbre, por resignación o por miedo al cambio, el mismo sistema político que la ha conducido aquí, entonces habrá aceptado ser, colectivamente, la oveja que va voluntariamente al matadero. Es su libertad soberana. Pero que al menos lo haga con conocimiento de causa.

Las cifras son públicas. Las fuentes son oficiales. Las responsabilidades son identificables. No habrá ninguna excusa para decir, en 2030, que «nadie nos había avisado».

Corresponde a cada elector francés decidir, en mayo de 2027, si sigue financiando un sistema que lo carcome, o si elige por fin redefinirlo.

No nos corresponde ser espectadores del declive. Nos corresponde enderezar el rumbo democráticamente, antes de que los mercados o la calle se encarguen de ello en nuestro lugar.

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Epílogo

Adiós mi Francia. Ya no eres la que conocí, el país del respeto de los valores, del himno y de la bandera, el país del orgullo de ser francés. Adiós mi Francia de los tráficos de toda clase, del paro, del islamismo, de la poligamia, del laxismo, de la permisividad, de la familia descompuesta. Adiós mi Francia reducida al estado de emergencia, mi Francia deconstruida, en guerra consigo misma. Quiero, no obstante, permanecer optimista y creer en tu sobresalto. Pero ¿quién te salvará?

— Extracto del libro testamento del general Bigeard

Ineptocracia

Un sistema de gobierno donde los menos capaces de gobernar son elegidos por los menos capaces de producir, y donde los demás miembros de la sociedad, los menos aptos para subvenir a sí mismos o para triunfar, son recompensados con bienes y servicios que han sido pagados por la confiscación de la riqueza y del trabajo de un número de productores en disminución continua.

Este análisis se inscribe en la continuidad de los trabajos publicados en este sitio, en particular el Plan de Ruptura, el resumen y los dossiers de reforma del Estado. Todos comparten un mismo objetivo: restaurar una democracia francesa real, fundada en el conocimiento, el debate y la deliberación.