GUERRA ECONÓMICA: ¿FRANCIA LLEVA UNA GUERRA DE RETRASO?

La guerra económica que apenas vemos

Hablamos constantemente de soberanía industrial, reindustrialización, inteligencia artificial, semiconductores, energía nuclear, espacio, baterías, tecnologías cuánticas o ciberseguridad. Sin embargo, una pregunta decisiva queda casi siempre fuera del debate público francés: en esta competición, ¿el Estado se limita a proteger lo que ya poseemos o trata también de conocer activamente lo que preparan nuestros competidores, comprender sus debilidades y obtener la información que pueda dar varios años de ventaja a nuestra industria? Es una pregunta incómoda porque obliga a abandonar una visión ingenua del comercio internacional. Los Estados siguen siendo aliados en ciertos asuntos y competidores en otros; las empresas cooperan mientras se disputan mercados; las tecnologías civiles se vuelven militares; el capital compra patentes, equipos y a veces cadenas industriales enteras. En este mundo, la inteligencia económica ya no es un añadido exótico de la política industrial: es uno de los instrumentos del poder.

China suele citarse como el modelo más ofensivo. Combina investigación pública y privada, financiación masiva, adquisición de empresas, captación de talento, alianzas universitarias, análisis sistemático de patentes, ingeniería inversa, inteligencia humana y ciberespionaje. Estados Unidos utiliza otra combinación: poder financiero, capital riesgo, control de las inversiones extranjeras, restricciones a la exportación, diplomacia comercial, sanciones, normas, atracción mundial de investigadores y una comunidad de inteligencia con recursos considerables. Frente a estos dos gigantes, el debate francés tiende a reducir la cuestión a una caricatura: o seríamos un Estado legalista que únicamente se defiende, o nuestros servicios harían clandestinamente lo mismo que los demás sin que nunca se vea nada. Las fuentes públicas permiten ir mucho más lejos que esta oposición simplista.

Este dossier no afirma ninguna operación concreta que no esté documentada públicamente. No pretende saber a quién recluta la DGSE, qué redes penetra, qué sistemas extranjeros apunta o qué empresas figuran entre sus prioridades operativas. Reúne, en cambio, textos legales, publicaciones de la CNCTR, informes parlamentarios, declaraciones de responsables de inteligencia, documentos estratégicos franceses, decisiones y procedimientos judiciales extranjeros, trabajos del Parlamento Europeo y varias investigaciones de prensa especializada. El resultado es más matizado que un eslogan, pero también más incómodo: Francia sí posee el derecho, las capacidades y la historia necesarios para una inteligencia económica ofensiva; lo que parece más discutible es nuestra capacidad para transformar con suficiente rapidez la información obtenida en una ventaja industrial colectiva.

El derecho francés no solo prevé defender: también prevé promover

El primer elemento que conviene conocer está en el Código de Seguridad Interior francés. El artículo L. 811-3 autoriza técnicas de inteligencia para la defensa y la promoción de los intereses fundamentales de la Nación, e incluye expresamente entre esos intereses los grandes intereses económicos, industriales y científicos de Francia. La palabra «promoción» es esencial. Significa que la finalidad económica de la inteligencia francesa no es únicamente protectora. No se trata solo de impedir que un competidor robe un procedimiento francés; la ley permite también, dentro de las competencias de cada servicio y bajo las condiciones previstas, buscar inteligencia con el fin de apoyar el poder económico y tecnológico nacional.

La Comisión Nacional de Control de las Técnicas de Inteligencia, la CNCTR, lo explica de forma aún más explícita en su presentación pública de las finalidades legales. Recuerda que los servicios pueden contribuir no solo a la defensa, sino también a la promoción de los intereses económicos e industriales franceses, y precisa que deben contribuir especialmente al desarrollo industrial de Francia frente a sus competidores extranjeros. Esta formulación es importante porque destruye la idea de que la inteligencia económica francesa esté jurídicamente encerrada en la contraintromisión. El derecho reconoce una dimensión activa. El límite no es la propia existencia de una ambición ofensiva; reside en la finalidad legal, la competencia del servicio, la necesidad, la proporcionalidad, el control y, para una parte enorme de las operaciones, el secreto.

El mismo razonamiento se aplica a las comunicaciones internacionales. El Código establece un marco específico para vigilar comunicaciones emitidas o recibidas en el extranjero cuando lo justifique la defensa o la promoción de los intereses fundamentales de la Nación. Esto no significa, por supuesto, que Francia disponga de una licencia general para robar cualquier secreto comercial. Sí muestra que el marco jurídico fue concebido para que la inteligencia exterior pueda participar en la protección y promoción de grandes intereses económicos. El debate serio no debería comenzar preguntando si Francia «tiene derecho a interesarse» por tecnologías extranjeras: puede hacerlo dentro de la ley. La verdadera cuestión es cómo utiliza esa capacidad y, sobre todo, cómo explota el aparato estatal la inteligencia producida.

Inteligencia económica, espionaje industrial y tecnología: no confundirlo todo

Una gran parte de la confusión pública procede del vocabulario. La inteligencia económica engloba actividades perfectamente lícitas: análisis de patentes, vigilancia científica, estudio de cadenas de suministro, cartografía de proveedores, seguimiento de la contratación de un competidor, análisis financiero, observación de la contratación pública, explotación de publicaciones universitarias o recopilación de fuentes abiertas. Una empresa o un Estado puede aprender muchísimo sin cruzar ninguna frontera jurídica. En los sectores tecnológicos, las fuentes abiertas pueden bastar a veces para reconstruir una estrategia completa: qué tipo de ingeniero se contrata, en qué ciudad, para qué programa, con qué socios, máquinas y proveedores.

El espionaje económico comienza cuando la información buscada no es accesible normalmente y una potencia utiliza medios clandestinos para obtenerla. Puede adoptar la forma de reclutamiento de una fuente humana, interceptación, operación cibernética, acceso indirecto a una base de datos, explotación de un intermediario, una relación profesional o una sociedad pantalla. El espionaje industrial se dirige más directamente a secretos de fabricación, procesos, resultados de pruebas, código fuente, planes de desarrollo, parámetros de producción, costes y estrategias comerciales. La inteligencia tecnológica es todavía más amplia: busca saber qué funciona de verdad, dónde aparecen las rupturas, qué laboratorios van por delante, qué personas poseen competencias escasas, qué tecnologías fracasan y qué sectores están a punto de cambiar.

También hay que corregir una imagen muy extendida: «robar una patente» no suele ser el centro del problema, porque una patente publicada es precisamente un documento público. El verdadero valor suele estar en lo que no se publicó: el ajuste industrial que permite alcanzar el rendimiento esperado, los fracasos sucesivos, el material finalmente elegido, los datos de ensayo, los compromisos de diseño, los defectos conocidos, el coste real de producción o el conocimiento tácito de un equipo. Por eso un ingeniero experimentado puede ser a veces más valioso que un servidor lleno de documentos. Un expediente técnico explica lo que se hizo; las personas saben por qué se hizo, qué no funcionó y qué habría que intentar después.

China: una política total de adquisición tecnológica

Reducir el ascenso chino al «robo de tecnología» sería falso y peligroso. La China de 2026 ya no es una economía que se limita a copiar a los demás. Invierte masivamente en investigación, forma a cantidades enormes de ingenieros, financia sectores enteros, atrae investigadores, desarrolla sus propios campeones y presenta un volumen impresionante de solicitudes internacionales de patentes. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual situó a China entre las diez economías más innovadoras del mundo en 2025. Ese mismo año presentó 73.718 solicitudes internacionales mediante el sistema PCT, frente a 52.617 de Estados Unidos y 7.778 de Francia. El número no mide automáticamente la calidad, pero muestra la escala del esfuerzo y la amplitud de la base tecnológica construida.

Lo que hace temible al modelo chino es la combinación de instrumentos. Una tecnología considerada estratégica puede abordarse mediante inversión, una empresa conjunta, una alianza universitaria, contratación de expertos, análisis de publicaciones, compra de equipos, adquisición de una empresa, retorno de investigadores formados en el extranjero, ingeniería inversa, recopilación humana o ciberespionaje. El Estado, las universidades, las empresas públicas, las privadas y las administraciones actúan en un entorno donde las prioridades nacionales están fuertemente coordinadas. La inteligencia clandestina no es, por tanto, más que un componente de un sistema mucho más amplio de adquisición y desarrollo de poder.

Los procesos judiciales estadounidenses muestran, sin embargo, que la dimensión clandestina existe. El caso Yanjun Xu es uno de los mejor documentados. Presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado chino, fue condenado a veinte años de prisión tras ser declarado culpable, entre otros cargos, de intento de espionaje económico e intento de robo de secretos comerciales. Los documentos del DOJ describieron aproximaciones al sector aeronáutico, incluida GE Aviation, mediante contactos académicos, invitaciones, viajes, pagos y solicitudes de información técnica no pública. El expediente también aludió a una operación relacionada con un fabricante francés de motores aeronáuticos y a un intento de acceder a su entorno informático. El caso ilustra perfectamente la lógica moderna: inteligencia humana, acceso industrial y métodos cibernéticos pueden combinarse en una sola operación.

Francia está directamente afectada. La prensa especializada ha documentado intentos chinos dirigidos contra la aeronáutica occidental y el entorno de grupos franceses. Intelligence Online también ha seguido una investigación francesa relacionada con un antiguo piloto sospechoso de proporcionar conocimientos aeronáuticos a Pekín, así como un asunto relativo a una empresa china instalada cerca de Toulouse y sospechosa de actividades de escucha en las proximidades de actores del sector espacial y de Airbus. En estos casos debe mantenerse una distinción metodológica estricta entre sospecha, investigación, acusación y condena. Pero la repetición de señales basta para mostrar que la competición tecnológica también se libra en territorio francés, en contacto con ingenieros, subcontratistas, laboratorios e infraestructuras.

Las redes profesionales se han convertido ellas mismas en terrenos de reclutamiento. LinkedIn permite hoy identificar en pocos minutos lo que antes requería meses de cartografía para un servicio: un ingeniero trabajó en un programa concreto, para un proveedor determinado, dentro de un equipo específico y con una competencia particular. Intelligence Online documentó en 2026 aproximaciones atribuidas al Guoanbu, es decir, al Ministerio de Seguridad del Estado chino, mediante plataformas profesionales para contactar perfiles europeos y obtener información estratégica. La inteligencia humana no desapareció con lo digital; al contrario, ganó un inmenso directorio mundial de competencias sensibles.

Estados Unidos: la inteligencia es solo una pieza de una máquina de poder mucho mayor

La estrategia estadounidense es distinta. Estados Unidos dispone de un arma que pocos países pueden reproducir: un poder financiero capaz de absorber legalmente tecnologías, empresas y talento de todo el mundo. Cuando una startup europea traslada a Estados Unidos su sede, patentes, investigadores y proyectos futuros después de una ronda de financiación, no ha habido espionaje. Desde el punto de vista estratégico, sin embargo, el resultado puede ser más profundo que un robo puntual de documentos: el equipo, la propiedad intelectual, la financiación, la gobernanza y los futuros desarrollos pasan al ecosistema estadounidense. El capital riesgo y los mercados financieros son por tanto instrumentos extraordinariamente eficaces de acumulación de poder.

Washington tampoco se apoya únicamente en el mercado. El Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS, controla inversiones extranjeras susceptibles de amenazar la seguridad nacional. El Tesoro estadounidense indicó que el comité examinó en total 347 declaraciones o notificaciones en 2025, prestando especial atención a tecnologías críticas, infraestructuras sensibles y datos estratégicos. Al mismo tiempo, Estados Unidos utiliza controles de exportación, restricciones sobre determinadas inversiones salientes, sanciones y política comercial para impedir que sus competidores accedan a tecnologías consideradas esenciales. La lógica es clara: comprar fuera cuando fortalece el ecosistema estadounidense, impedir que otros compren lo que se considera crítico dentro del país y controlar la difusión de capacidades avanzadas.

La estrategia nacional estadounidense de seguridad científica y tecnológica publicada en 2026 asume abiertamente esa articulación. Presenta los controles de exportación, la seguridad de las inversiones y la protección de tecnologías críticas como instrumentos de la competición estratégica en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, semiconductores, supercomputación o hipersónica. La Office of the Director of National Intelligence dispone además de una Office of Economic Security and Emerging Technologies que coordina el apoyo de la comunidad de inteligencia a la seguridad de las inversiones, los objetivos de política comercial y las necesidades tecnológicas. Esta convergencia institucional muestra que, en la doctrina estadounidense, economía, tecnología y seguridad nacional están cada vez menos separadas.

Sería ingenuo deducir de ello que Estados Unidos nunca practica inteligencia económica clandestina. Las revelaciones asociadas a Edward Snowden mostraron la amplitud de la recopilación de la NSA, también sobre intereses franceses y económicos. El informe del Parlamento Europeo sobre ECHELON ya había examinado acusaciones de uso de inteligencia de señales en competiciones comerciales relacionadas con Airbus o Thomson-CSF, subrayando a la vez que algunos relatos eran contradictorios y que las motivaciones exactas no siempre estaban demostradas. La matización importante se refiere tanto al uso como a la recopilación. La doctrina pública estadounidense mantiene desde hace años que no recoge secretos comerciales extranjeros con el único fin de entregar una ventaja competitiva directa a una empresa estadounidense concreta. Eso no impide la recopilación económica para la seguridad nacional ni el uso de inteligencia para diplomacia, sanciones, negociación o protección tecnológica.

Francia ya practicó una inteligencia industrial claramente ofensiva

Francia no siempre abordó la inteligencia económica con la prudencia que hoy se le atribuye. A comienzos de los años ochenta, Pierre Marion, entonces director de la DGSE, orientó el servicio hacia una política mucho más directa de espionaje industrial. En 1991 reconoció públicamente haber creado una unidad dedicada al espionaje industrial. Los relatos de la época hablan de unos veinte agentes encargados de obtener documentos de empresas estadounidenses y citan a IBM, Texas Instruments o Corning. La justificación era sencilla: Estados Unidos podía ser un aliado político y militar y seguir siendo un competidor económico y tecnológico. La distinción puede parecer brutal hoy, pero la realidad estratégica nunca desapareció.

Le Monde volvió sobre esta historia en 2013 y sobre las tensiones franco-estadounidenses relacionadas con el espionaje económico. A finales de los años ochenta, el FBI desmanteló una red francesa que apuntaba a varias empresas estadounidenses. Algunos años después, en 1995, Francia expulsó o pidió la salida de agentes estadounidenses sospechosos de espionaje económico en territorio francés. El episodio recuerda que el espionaje entre aliados no es una invención reciente y que la frontera entre cooperación estratégica y competición industrial siempre ha sido porosa.

Esta historia es esencial para comprender el debate actual. Sería falso afirmar que la cultura francesa siempre consideró impensable el espionaje económico ofensivo. Francia lo practicó y uno de sus antiguos directores lo reconoció públicamente. Lo que parece haber cambiado desde los años noventa se refiere más bien a la doctrina, la organización, los límites políticos, el control y la forma en que la información puede redistribuirse. La cuestión no es si Francia supo alguna vez jugar de manera ofensiva: lo hizo. La cuestión es qué queda hoy de esa ambición y bajo qué forma.

Lo que hace Francia hoy: la inteligencia económica existe, recibe encargos y dispone de medios

Los informes públicos contemporáneos muestran que la inteligencia económica no ha desaparecido. La Delegación Parlamentaria de Inteligencia dedicó en 2018 un capítulo entero a la inteligencia de interés económico. Describía una intensificación de la depredación económica internacional, el aumento de los intentos de captación tecnológica y el papel central de la amenaza cibernética. Sobre todo, señalaba que la DGSE y la DGSI eran históricamente los principales productores de inteligencia de interés económico y que las administraciones económicas, incluido el Tesoro, formulaban necesidades de búsqueda dirigidas a los servicios.

La señal más clara probablemente vino del propio director general de la DGSE. Durante el coloquio de la Delegación Parlamentaria de Inteligencia de diciembre de 2025, Nicolas Lerner explicó que la integración del servicio con los decisores franceses se había reforzado considerablemente, citando el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y también el Ministerio de Economía. Declaró que «la inteligencia económica responde ahora a prescripciones del aparato del Estado». Esta frase basta para descartar la idea de una DGSE que solo se ocupe marginalmente de economía. Existe una demanda económica real dirigida a la inteligencia exterior francesa.

Los documentos presupuestarios y estratégicos apuntan en la misma dirección. Informes parlamentarios señalan que la DGSE aumenta los recursos dedicados a inteligencia económica para proteger empresas francesas, apoyar la atractividad nacional y promover sectores estratégicos. La Revisión Estratégica Nacional actualizada en 2025 prevé además un mayor uso de capacidades cibernéticas ofensivas de inteligencia y obstaculización. El Ministerio de las Fuerzas Armadas reconoce públicamente la existencia de operaciones cibernéticas ofensivas, mientras que la DGSE declara importantes capacidades técnicas en interceptación, criptología, ciberamenazas y tratamiento de datos. Francia no es, por tanto, un Estado sin sensores ni conocimientos técnicos.

Intelligence Online sigue además la existencia de una función de seguridad económica dentro de la DGSE y el acercamiento del servicio a actores tecnológicos privados. Estos elementos no prueban ninguna operación ofensiva concreta. Sí confirman que la dimensión económica está estructurada y no se limita a un discurso general. Francia dispone de un aparato contemporáneo de inteligencia económica articulado con el Ministerio de Economía, la defensa y varios sectores estratégicos.

¿Infiltramos las grandes empresas estadounidenses o chinas? Lo que puede afirmarse seriamente

La DGSE reconoce públicamente la inteligencia humana como uno de sus oficios fundamentales. Los documentos oficiales sobre inteligencia exterior describen agentes capaces de cruzar fronteras, aproximarse a entornos cerrados, reclutar fuentes y obtener información de difícil acceso. Una gran empresa tecnológica extranjera puede evidentemente constituir un entorno de interés para un servicio cuando la información buscada coincide con prioridades estratégicas del Estado. Nada en la lógica general del oficio impide buscar una fuente dentro de un entorno industrial extranjero.

Pero hay que resistirse al salto lógico. No existe prueba pública que permita afirmar que en 2026 agentes franceses estén infiltrados en Microsoft, Nvidia, Boeing, SpaceX, Huawei, BYD, CATL, SMIC u otros grupos para robar sus secretos. Tampoco existe una prueba pública que identifique a una empresa extranjera concreta como objetivo operativo actual de la DGSE. La ausencia de prueba no prueba la ausencia; significa sencillamente que un autor serio no puede transformar una capacidad general en una operación concreta sin fuente.

El mismo principio vale para el ciberespacio. Francia posee capacidades cibernéticas ofensivas reconocidas y la doctrina estratégica prevé desarrollarlas. Es razonable decir que el Estado dispone de medios que podrían, en determinadas circunstancias, penetrar sistemas extranjeros o extraer información. Sería infundado, en cambio, escribir que los servicios franceses piratean hoy los servidores de una empresa extranjera para entregar sus planos a una empresa francesa. Las operaciones precisas son secretas; lo que demuestran las fuentes públicas es la capacidad, la finalidad económica general y la existencia de una doctrina ofensiva de inteligencia, no un catálogo de objetivos.

¿Entrega el Estado secretos extranjeros a las empresas francesas?

Esta es probablemente la pregunta que más interesa directamente a industriales y lectores: si la DGSE descubre algo decisivo, ¿lo transmite el Estado a las empresas francesas? Las fuentes públicas permiten responder que sí existe apoyo económico, pero no demuestran un mecanismo contemporáneo de entrega directa de secretos industriales robados a una empresa privada. Sabemos que los servicios producen inteligencia de interés económico, que los ministerios formulan necesidades, que actores industriales estratégicos intercambian con el Estado y que la historia francesa contiene precedentes más directos. No disponemos, sin embargo, de ningún documento público que establezca que un plano confidencial obtenido clandestinamente sea entregado hoy tal cual a Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation, EDF u otra empresa.

Existen buenas razones para esa prudencia. Un documento bruto puede revelar una fuente humana, un método técnico o una operación en curso. Su difusión a una empresa aumenta el riesgo de filtración. Su uso puede provocar litigios, una crisis diplomática o una impugnación de una futura patente. La transferencia privilegiada de información clasificada a una sociedad privada también plantea cuestiones de competencia y responsabilidad. Por eso la inteligencia suele transformarse antes de ser útil. El Estado puede utilizar información secreta para ajustar una política industrial, bloquear una adquisición, modificar una negociación, preparar una regulación, financiar un sector, apoyar una oferta de exportación, reforzar la seguridad de un actor o advertir a una empresa sin entregar nunca la materia prima.

La distinción entre inteligencia bruta e inteligencia derivada es esencial. Un servicio no necesita explicar cómo sabe que una tecnología extranjera tendrá dos años de retraso. Puede producir una evaluación de alta confianza y permitir al decisor público ajustar un programa nacional. No necesita transmitir la fuente que anuncia una próxima restricción sobre una materia prima; puede permitir al ministerio asegurar una cadena de suministro. Utilizada así, la inteligencia se convierte en un acelerador de decisiones y no en un almacén de documentos secretos entregados a la industria.

Francia ha construido sobre todo un escudo muy visible

El aparato francés está especialmente desarrollado en el plano defensivo. La DGSI protege contra la injerencia y la captación de conocimientos; la DRSD protege el ámbito de defensa; el SISSE coordina la seguridad económica; la ANSSI trata las amenazas cibernéticas; la Dirección General de Armamento protege la base industrial y tecnológica de defensa; el control de inversiones extranjeras puede bloquear o condicionar adquisiciones sensibles; y la protección del potencial científico y técnico encuadra determinados laboratorios y tecnologías. Francia ha construido un verdadero escudo, mucho más sólido que hace quince años.

Las cifras muestran la presión. El informe anual 2023 de la Dirección General de Empresas indicaba que ese año se habían tratado casi 900 alertas de seguridad económica, frente a 694 en 2022 y menos de 400 en 2020. Aproximadamente el 45 % concernía intentos de compra o de toma de participación significativa y casi otro 45 % intentos de captación de conocimientos o saber hacer sensibles. En 2025, un informe parlamentario todavía hablaba de más de 750 alertas para 2024 y de entre 500 y 550 ataques comprobados al año contra la base industrial y tecnológica de defensa. Las pymes de la cadena de defensa son especialmente vulnerables.

Estas cifras plantean una pregunta sencilla. Si los competidores de Francia dedican tantos esfuerzos a conocer nuestras tecnologías, proveedores y vulnerabilidades, ¿por qué Francia debería limitarse a esperar detrás de sus fortificaciones? La respuesta oficial es que no lo hace por completo. Pero el contraste entre la visibilidad del dispositivo defensivo y la casi invisibilidad del componente ofensivo alimenta la impresión de un país que protege más de lo que conquista. Una parte de esa asimetría es normal: la contraintromisión debe sensibilizar públicamente a las empresas, mientras que la recopilación ofensiva es secreta por naturaleza. Otra parte parece, sin embargo, reflejar un verdadero problema doctrinal.

El informe parlamentario de 2025 es mucho más severo que el discurso oficial

El informe publicado el 16 de julio de 2025 por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre la guerra económica es probablemente el documento público más importante para comprender las debilidades francesas. Reconoce los avances logrados en la protección de empresas y el control de inversiones, pero considera que los dispositivos siguen siendo demasiado permisivos, los recursos demasiado dispersos y la postura francesa demasiado defensiva frente a competidores que asumen estrategias mucho más ofensivas. Una sección del informe se titula incluso «¿Hacia una postura más ofensiva?».

El ponente recuerda que la estrategia nacional de inteligencia considera esta última como un instrumento no solo de defensa sino también de promoción de intereses económicos, científicos, militares y políticos. Sin embargo, estima que Francia conserva, en parte por razones culturales, una reserva que varios competidores no comparten. Esa reserva también afectaría a la circulación de información hacia los actores económicos, especialmente los más pequeños. El informe pide por tanto una mejor coordinación entre servicios de inteligencia y empresas estratégicas para orientar con mayor precisión las acciones de inteligencia económica.

El documento va más lejos al plantear el papel que podría desempeñar la inteligencia económica para detectar tecnologías críticas en el extranjero y ayudar a empresas francesas a invertir en sociedades estratégicas extranjeras. La propuesta es importante porque desplaza la ofensiva hacia un terreno perfectamente legal: identificar antes que otros las tecnologías que importarán, saber dónde están, comprender qué empresas las dominan y organizar una adquisición, una alianza o una inversión antes de que se cierre la oportunidad. El informe no reclama un saqueo industrial clandestino; reclama una política de poder más asumida.

El verdadero retraso francés: transformar la información en poder

Francia parece disponer de numerosos sensores: DGSE, DGSI, DRSD, red diplomática, agregados de defensa, servicios científicos, Tesoro, DGA, SISSE, empresas estratégicas y operadores privados de inteligencia económica. Tiene además una tradición antigua a través de ADIT, creada a comienzos de los años noventa para valorizar la información científica y tecnológica obtenida en el extranjero, en particular por los servicios científicos de las embajadas. El grupo se convirtió después en un importante actor privado de inteligencia estratégica presente en numerosos países. El problema francés no es, por tanto, una ausencia total de recopilación ni de ecosistema.

La debilidad parece situarse más entre el momento en que el Estado sabe y el momento en que la economía gana gracias a ese conocimiento. Estados Unidos posee una capacidad excepcional para alinear rápidamente Casa Blanca, Pentágono, comunidad de inteligencia, Tesoro, Departamento de Comercio, universidades, fondos de capital riesgo, contratación pública, controles de exportación y grandes grupos. China conecta aún más estrechamente política industrial, financiación, universidades, empresas, diplomacia y prioridades nacionales. Francia dispone de muchas de esas piezas, pero las conecta peor. Los informes parlamentarios llevan años describiendo circuitos complejos, responsabilidades fragmentadas, problemas de coordinación y dificultades para hacer circular la información útil hacia las empresas.

Aquí se encuentra probablemente la diferencia más profunda. La ventaja estadounidense no consiste solamente en que una agencia conozca un proyecto extranjero; consiste en que la información puede convertirse rápidamente en una decisión de control de exportaciones, financiación, contrato público, restricción de inversión, adquisición o prioridad de investigación. La ventaja china no es solo que un servicio pueda reclutar a un ingeniero; es la capacidad de integrar esa inteligencia en una política industrial que después financia laboratorios, fábricas, proveedores y campeones nacionales. La inteligencia es un multiplicador de poder, pero no produce nada si el ecosistema industrial no puede actuar.

Por eso también sería simplista pedir simplemente a la DGSE que «robe más secretos». Un plano no es una fábrica. Una patente no es una cadena de suministro. Una información no es financiación. Ningún servicio de inteligencia puede compensar de forma duradera una fiscalidad inestable, una energía demasiado cara, falta de capital, demoras administrativas interminables o la incapacidad de hacer crecer empresas. Un servicio eficaz sí puede, en cambio, ayudar a un país a saber antes que los demás dónde invertir, qué proteger, a quién adquirir, qué riesgo anticipar y qué sector acelerar. Ahí es donde la inteligencia se vuelve realmente económica.

La ofensiva no empieza necesariamente por una operación clandestina

Una debilidad del debate francés consiste en oponer demasiado rápido inteligencia abierta y espionaje clandestino. En realidad, una política ofensiva suele empezar mucho antes del reclutamiento de una fuente o de la penetración de un sistema informático. Patentes, publicaciones científicas, ofertas de empleo, licitaciones, ferias profesionales, compras de maquinaria, bases aduaneras, documentos regulatorios, conferencias técnicas, publicaciones de investigadores e imágenes comerciales permiten ya reconstruir una parte importante de un programa tecnológico. Un equipo capaz de cruzar estos datos puede determinar que una empresa abre una línea de producción, contrata masivamente en un campo, presenta familias coherentes de patentes y asegura de repente determinados proveedores. Sin ninguna información secreta, puede inferir una trayectoria industrial y decidir dónde concentrar recursos escasos de recopilación.

Esta lógica es especialmente importante para Francia porque ofrece un terreno ofensivo casi sin riesgo diplomático. Una administración o un operador especializado puede cartografiar tecnologías críticas extranjeras, identificar a los investigadores realmente decisivos, seguir los programas que progresan y detectar empresas que dominan componentes indispensables. La inteligencia clandestina se vuelve entonces mucho más selectiva: en lugar de intentar descubrir de forma vaga «qué hace China» o «qué prepara Estados Unidos», el Estado puede concentrar medios raros en unas pocas preguntas precisas que las fuentes abiertas no permiten resolver.

La Dirección General de Armamento también ha desarrollado capacidades OSINT, es decir, inteligencia a partir de fuentes abiertas. El informe parlamentario de 2025 sobre la guerra económica menciona una reorganización, un campus OSINT y la voluntad de adoptar una postura más ofensiva. La evolución es reveladora: la ofensiva moderna no tiene por qué ser espectacular. Consiste primero en reducir la incertidumbre más deprisa que los competidores y después decidir antes que ellos. En una carrera tecnológica donde unos meses pueden bastar para imponer un estándar o comprar una startup, saber antes puede valer más que poseer un documento secreto.

Embajadas, diplomacia científica e inteligencia estratégica: la red francesa es más amplia que la DGSE

La inteligencia económica francesa no se limita a los servicios especializados. Francia dispone desde hace mucho de una red diplomática, económica y científica en el extranjero capaz de producir una enorme cantidad de información útil. Agregados económicos, servicios científicos, embajadas, Business France, Tesoro, redes universitarias, asesores de defensa y operadores especializados observan mercados, tecnologías, transformaciones regulatorias y ecosistemas locales. Esa recopilación no es espionaje, pero puede convertirse en materia prima de inteligencia estratégica cuando la información se cruza, jerarquiza y conecta con prioridades nacionales.

La historia de ADIT es instructiva. Creada a comienzos de los años noventa como organismo público encargado de valorizar información tecnológica recopilada en el extranjero, en particular por los servicios científicos de embajadas, la Agence pour la diffusion de l’information technologique ya encarnaba la idea de que un Estado moderno debía ayudar a su tejido económico a comprender lo que se preparaba fuera. Después se convirtió en un gran grupo privado de inteligencia estratégica. Su trayectoria muestra que Francia posee una tradición de vigilancia internacional y de transformación de información en apoyo económico, aunque sea menos visible que la cultura estadounidense del capital riesgo o la coordinación china.

El problema sigue siendo la integración. Una excelente nota científica no sirve de nada si no llega al decisor adecuado. Una información comercial procedente de una embajada puede perder su valor si circula demasiado lentamente. Una señal de vulnerabilidad detectada por un servicio puede ser inutilizable si la empresa afectada no está habilitada para recibirla o si no existe un mecanismo que permita reformularla. Francia necesita menos inventar nuevos sensores que mejorar los circuitos que transforman los sensores existentes en decisiones. Eso es precisamente lo que varios informes públicos vienen reclamando desde hace años.

Pymes y ETI: el punto ciego más peligroso de la soberanía tecnológica

La guerra económica no apunta únicamente a los grandes grupos. Una potencia extranjera que busca una tecnología francesa suele tener interés en evitar Airbus, Thales o Safran, que disponen de sólidos departamentos de seguridad, y dirigirse al subcontratista que posee una pieza única y muchos menos recursos. Una pyme de cincuenta empleados puede controlar un proceso de tratamiento de superficie, un software embebido, un sensor, un material o una máquina especializada sin disponer de un equipo cibernético completo ni de un responsable de seguridad económica. También puede ser más vulnerable a una entrada de capital, una propuesta de alianza halagadora, el fichaje de dos ingenieros clave o una dependencia financiera que la empuje hacia un inversor extranjero.

Los trabajos parlamentarios sobre la base industrial y tecnológica de defensa subrayan precisamente esta fragilidad. Una parte muy importante de los ataques afecta a pymes, aunque estas empresas son indispensables para los grandes programas. El riesgo es doble: perder el secreto de una tecnología y perder la propia empresa. Una adquisición extranjera puede transferir legalmente patentes, contratos, equipos y conocimientos sin que intervenga un solo espía. En algunos casos, la guerra económica más eficaz no se parece a una operación clandestina; se parece a una operación de capital bien negociada.

Por eso una doctrina francesa ofensiva debería integrar mucho más directamente a las pymes y a las empresas de tamaño intermedio. El Estado no puede enviarles información clasificada como si fuera un boletín. Sí puede producir inteligencia derivada, alertas, análisis de riesgos, cartografías de mercados, información sobre inversores, advertencias sobre determinados métodos de aproximación o indicaciones sobre tecnologías extranjeras que conviene vigilar. También puede ponerlas en contacto con instrumentos financieros capaces de evitar una venta forzada o acompañar una adquisición en el extranjero. La soberanía tecnológica se decide a menudo en empresas que el gran público ni siquiera conoce.

Por qué Francia no puede copiar a China y por qué tampoco debe seguir siendo ingenua

La idea «si ellos nos espían, hagamos exactamente lo mismo» resulta seductora por su simplicidad, pero es poco realista. Francia es un Estado de derecho, miembro de la Unión Europea y de varias alianzas, cuyas empresas dependen del acceso a mercados extranjeros y de la protección de la propiedad intelectual. Una política oficialmente organizada de saqueo sistemático de secretos comerciales para redistribuirlos a empresas nacionales tendría costes diplomáticos, judiciales y comerciales considerables. También debilitaría los principios que Francia invoca cuando protege a sus propias empresas.

Eso no significa que Francia deba adoptar una postura de pura inocencia. El propio derecho francés reconoce la promoción de grandes intereses económicos como finalidad de la inteligencia. El desafío consiste, por tanto, en utilizar capacidades clandestinas cuando sirven a un objetivo estratégico legítimo y desarrollar masivamente formas de ofensiva que no dependen del robo: adquisición de empresas, contratación de talento, influencia normativa, política comercial, explotación de patentes, anticipación regulatoria, diplomacia económica, protección frente al derecho extraterritorial y apoyo a adquisiciones francesas en el extranjero.

La verdadera diferencia con el modelo chino no debería ser entre un país «agresivo» y otro «ingenuo». Debería ser entre regímenes de poder diferentes. Francia puede defender una economía abierta y el Estado de derecho mientras considera que la inteligencia económica, el conocimiento de competidores, la protección de sectores y la anticipación tecnológica forman parte del interés nacional. La pregunta central no es moral sino estratégica: ¿utilizamos todo lo que nuestra ley ya nos permite utilizar y lo hacemos con suficiente rapidez?

Tres modelos de poder, tres maneras de ganar

China, Estados Unidos y Francia no tienen el mismo tamaño, la misma estructura económica ni el mismo sistema político. Compararlos como si debieran emplear herramientas idénticas sería engañoso. China se beneficia de una coordinación estatal muy fuerte y de un mercado interno gigantesco. Puede alinear política industrial, financiación, investigación, regulación, contratación pública, empresas y objetivos geopolíticos con una continuidad difícil de reproducir en democracias occidentales. Estados Unidos dispone de otra ventaja: el dólar, los mercados financieros, fondos de inversión, universidades, grandes empresas tecnológicas y la atracción mundial de talento forman un ecosistema capaz de absorber innovación extranjera mientras controla con firmeza el acceso a tecnologías consideradas sensibles.

Francia posee una arquitectura más fragmentada. Cuenta con servicios de inteligencia eficaces, grandes empresas tecnológicas, una red diplomática mundial, capacidades nucleares y espaciales, ingenieros de alto nivel, una tradición científica y mecanismos de control cada vez más sólidos. Pero no dispone ni de la profundidad financiera estadounidense ni de la coordinación china. Su estrategia debe ser, por tanto, más selectiva. No puede perseguir todas las tecnologías; debe identificar las que realmente condicionan su soberanía y concentrar en ellas inteligencia, financiación, compras públicas, normas y adquisiciones.

Esa selectividad puede convertirse en una ventaja si se asume. Una potencia media no necesita dominarlo todo para seguir siendo soberana; necesita saber qué dependencias son aceptables y cuáles no. La inteligencia económica puede ayudar precisamente a hacer esa distinción. Puede mostrar que un sector presentado como estratégico depende en realidad de una tecnología accesible a través de varios aliados, o que un componente aparentemente banal depende de un único proveedor en un país capaz de cerrar el mercado. El poder nace entonces menos de poseer todos los secretos que de identificar los verdaderos puntos de dependencia.

Esta comparación también permite comprender por qué la inteligencia no puede separarse de la política económica interna. Una empresa francesa muy endeudada, infracapitalizada o bloqueada en su crecimiento seguirá siendo vulnerable aunque la DGSE conozca perfectamente las intenciones de sus competidores. A la inversa, una empresa sólida, financiada, protegida y bien informada puede transformar una pequeña ventaja analítica en una ventaja industrial duradera. La inteligencia no sustituye a la economía; amplifica las fortalezas o debilidades de la economía a la que sirve.

¿Llevamos una guerra de retraso?

La respuesta a la pregunta de si Francia «lleva una guerra de retraso» debe ser matizada. En capacidad jurídica para practicar inteligencia económica, Francia no va retrasada: el marco existe. En inteligencia humana exterior, dispone de tradición y de un servicio reconocido. En capacidades técnicas y cibernéticas, posee medios soberanos importantes y prevé reforzar la dimensión ofensiva. En contraintromisión económica, ha progresado mucho. En control de inversiones extranjeras, el dispositivo se ha reforzado. Por tanto, sería inexacto describir al Estado francés como completamente incompetente o desarmado.

La comparación es menos favorable cuando se observa la integración del conjunto. Estados Unidos utiliza simultáneamente capital, regulación, inteligencia, sanciones, normas, contratación pública y diplomacia. China moviliza financiación, investigación, empresas, universidades, servicios y política industrial en un sistema muy coordinado. Francia todavía actúa demasiado a menudo por compartimentos. Este diagnóstico no es únicamente una crítica política; aparece en documentos parlamentarios que reclaman una postura más ofensiva, una mejor coordinación y una circulación más eficaz de inteligencia hacia las empresas estratégicas.

Por eso es más exacto hablar de una doctrina de explotación incompleta que de una ausencia de inteligencia ofensiva. Francia probablemente no lleva una guerra de retraso en su capacidad de saber; todavía tiene retraso en su capacidad para hacer trabajar juntas inteligencia, finanzas, industria, normas, contratación pública, política comercial y estrategia tecnológica. Esa articulación es la que transforma información en cuota de mercado, una alerta en adquisición estratégica, una señal débil en decisión de inversión y una ventaja tecnológica en industria duradera.

¿Cómo sería una doctrina francesa realmente ofensiva?

Una doctrina ofensiva moderna no debería tener como lema «robar más planos». Debería comenzar por una pregunta mucho más útil: ¿qué tecnologías condicionarán nuestra soberanía dentro de diez, veinte o treinta años y cómo podemos saber antes que los demás dónde surgen, quién las domina, de qué dependen y cómo posicionarnos? A partir de ese mapa, las necesidades de inteligencia económica deberían definirse al más alto nivel y traducirse después en decisiones industriales, financieras, diplomáticas y regulatorias.

Una doctrina así exige explotar de forma mucho más agresiva herramientas perfectamente legales: análisis masivo de patentes, publicaciones científicas, cartografía del talento, seguimiento de cadenas de suministro, análisis de inversiones, inteligencia regulatoria, vigilancia de normas, compra de participaciones, adquisiciones selectivas, contratación de investigadores extranjeros, alianzas tecnológicas y apoyo a empresas francesas que quieran adquirir activos estratégicos fuera de Francia. El informe parlamentario de 2025 propone precisamente mejorar la detección de tecnologías críticas extranjeras y ayudar a empresas francesas a invertir en sociedades estratégicas. Eso ya es una forma de ofensiva.

Cuando la inteligencia clandestina está legalmente autorizada para proteger o promover un interés fundamental de la Nación, no debería considerarse intelectualmente vergonzosa. Debe seguir siendo, por supuesto, selectiva, proporcional, controlada y compatible con las obligaciones internacionales de Francia. Pero sería paradójico invertir miles de millones en una comunidad de inteligencia y, por cultura o miedo político, prohibirle observar las tecnologías que determinarán el poder económico y militar de mañana. Semiconductores, tecnologías cuánticas, inteligencia artificial, baterías, espacio, robótica, biotecnologías, nuclear, criptografía o electrónica de potencia son ámbitos donde la frontera entre seguridad nacional y economía se ha vuelto casi imposible de trazar.

También debería darse prioridad a las pymes estratégicas. Los grandes grupos ya cuentan con departamentos de seguridad, equipos cibernéticos, juristas, antiguos responsables de seguridad y redes internacionales. Sin embargo, una pyme de treinta empleados puede poseer la única tecnología francesa indispensable para un sector entero sin disponer de ninguna de esas protecciones. La inteligencia derivada, las alertas, los análisis de riesgos, el acompañamiento internacional y la ayuda para identificar oportunidades deberían llegar mucho más directamente a estas empresas. El objetivo no es convertir a las pymes en auxiliares de los servicios; es hacer que el conocimiento acumulado por el Estado se convierta también en una ventaja para quienes crean valor y tecnología.

Lo que sabemos y lo que no sabemos

Las respuestas más honestas son finalmente bastante claras. Sí, Francia practica inteligencia económica y esa misión está reconocida por la ley, la CNCTR, los informes parlamentarios y las declaraciones públicas del director de la DGSE. Sí, dispone de capacidades clandestinas de inteligencia humana. Sí, posee capacidades cibernéticas ofensivas y pretende reforzarlas. Sí, la ley permite en determinadas condiciones la vigilancia internacional con finalidades que incluyen los grandes intereses económicos, industriales y científicos de la Nación. Y sí, la historia francesa contiene episodios de espionaje industrial ofensivo dirigido contra empresas estadounidenses.

Lo que no sabemos públicamente es si agentes franceses están hoy infiltrados en las mayores empresas estadounidenses o chinas. No sabemos qué empresas son objetivos operativos de la DGSE. No sabemos si se penetran servidores corporativos extranjeros para obtener secretos tecnológicos. No existe prueba pública de un mecanismo actual de transmisión directa de planos o secretos industriales robados a empresas francesas. Afirmar lo contrario sin fuente sería confundir lo que los servicios son capaces de hacer con lo que hacen en una operación concreta.

Lo que sí sabemos quizá sea más importante: Francia posee el marco jurídico, la historia, los medios y una doctrina que evoluciona hacia una postura más ofensiva. Los informes públicos reconocen al mismo tiempo que la postura sigue siendo demasiado defensiva y que debe mejorar la coordinación con la industria. La cuestión principal ya no es, por tanto, si existe inteligencia económica ofensiva en Francia, sino si está suficientemente integrada en una verdadera estrategia nacional de poder.

Francia probablemente sabe más de lo que transforma

Francia no es un país sin servicios de inteligencia, sin tradición ofensiva ni capacidades técnicas. Dispone de una DGSE capaz de producir inteligencia económica, servicios interiores capaces de proteger empresas, capacidades cibernéticas ofensivas, una ley que autoriza expresamente la promoción de grandes intereses económicos y una historia en la que el espionaje industrial ya fue reconocido. La afirmación de que «el Estado no hace nada» no resiste, por tanto, las fuentes públicas.

Pero la afirmación contraria sería igual de engañosa. Nada permite afirmar públicamente que Francia aplique hoy una política sistemática de saqueo tecnológico, infiltre las mayores empresas estadounidenses o chinas y redistribuya sus secretos a la industria francesa. Las operaciones son secretas, los objetivos concretos no se publican y la explotación de la inteligencia bruta está deliberadamente compartimentada. La realidad accesible al ciudadano es la de un Estado capaz de recopilar, proteger, analizar y a veces actuar ofensivamente, pero cuyos propios informes todavía se preguntan cómo transformar ese conocimiento en poder económico.

Ahí se encuentra probablemente el retraso francés más serio. China y Estados Unidos no ganan solo porque sepan más. Ganan porque conectan mejor información, industria, capital, política, normas, mercados y tecnología. Francia posee sensores, ingenieros, empresas, servicios y un marco jurídico. La pregunta ya no es tanto si tenemos espías, sino si el Estado es capaz de hacer trabajar juntos todos esos activos para que la inteligencia se convierta en inversión, innovación, adquisiciones, exportaciones y empleo.

En la guerra económica del siglo XXI, la información es una materia prima. No sustituye ni a la fábrica ni al investigador, pero puede decidir dónde construir una y cómo proteger al otro. Una doctrina francesa verdaderamente ofensiva podría resumirse en una frase: saber antes que los demás lo que va a importar y ser después capaz de actuar antes que ellos. Si Francia quiere seguir siendo una potencia industrial, el problema tiene menos que ver con el romanticismo de los servicios secretos que con la organización nacional. Tenemos sensores. El debate político comienza cuando decidimos qué hacemos con lo que nos enseñan.

Respuestas directas a las preguntas centrales

¿Francia practica inteligencia económica? Sí. La ley, la CNCTR, los informes parlamentarios y las declaraciones públicas de la DGSE lo demuestran.

¿Francia posee capacidades clandestinas de inteligencia humana y capacidades cibernéticas ofensivas? Sí. Esas capacidades están públicamente reconocidas, aunque sus objetivos precisos sean clasificados.

¿Hay agentes franceses infiltrados hoy en grandes empresas estadounidenses o chinas? No existe prueba pública que permita afirmarlo para una empresa concreta.

¿Los servicios franceses piratean servidores corporativos extranjeros para entregar los secretos obtenidos a la industria francesa? No se ha demostrado públicamente ningún dispositivo actual de esa naturaleza.

¿Francia ha practicado históricamente espionaje industrial ofensivo? Sí. Se han documentado públicamente operaciones y Pierre Marion reconoció haber creado una estructura dedicada a comienzos de los años ochenta.

¿Francia va retrasada? Menos en capacidad de inteligencia que en integración entre inteligencia, industria, finanzas, normas, política comercial y velocidad de decisión.

Principales fuentes públicas

Las referencias siguientes se priorizan porque son fuentes jurídicas, institucionales, parlamentarias o judiciales, o medios especializados en inteligencia. Cada enlace remite a la fuente pública original utilizada en el artículo maestro francés.

1. Código de Seguridad Interior francés, artículo L. 811-3: finalidades de la inteligencia - abrir la fuente
2. CNCTR: presentación pública de las finalidades legales de la inteligencia - abrir la fuente
3. Código de Seguridad Interior francés, artículo L. 854-1: comunicaciones internacionales - abrir la fuente
4. OMPI: Índice Mundial de Innovación 2025 - abrir la fuente
5. OMPI: estadísticas PCT 2025 - abrir la fuente
6. Departamento de Justicia de EE. UU.: condena de Yanjun Xu - abrir la fuente
7. Intelligence Online: operaciones chinas contra la aeronáutica occidental - abrir la fuente
8. Intelligence Online: investigación francesa sobre adquisición de conocimientos aeronáuticos por Pekín - abrir la fuente
9. Intelligence Online: esquema de LinkedIn atribuido al Guoanbu - abrir la fuente
10. Intelligence Online: sospechas de espionaje cerca de Toulouse - abrir la fuente
11. Casa Blanca: Estrategia Nacional de Seguridad Científica y Tecnológica 2026 - abrir la fuente
12. Tesoro de EE. UU.: actividad del CFIUS en 2025 - abrir la fuente
13. ODNI: Office of Economic Security and Emerging Technologies - abrir la fuente
14. Le Monde: cómo la NSA espía a Francia - abrir la fuente
15. Parlamento Europeo: informe sobre ECHELON - abrir la fuente
16. Le Monde: Pierre Marion y el espionaje industrial de la DGSE - abrir la fuente
17. Le Monde: guerra económica en la sombra entre aliados - abrir la fuente
18. Asamblea Nacional francesa: informe de 2018 sobre inteligencia de interés económico - abrir la fuente
19. Senado francés: coloquio 2025 de la Delegación Parlamentaria de Inteligencia - abrir la fuente
20. Asamblea Nacional francesa: documentos presupuestarios 2025 sobre la DGSE - abrir la fuente
21. SGDSN: actualización 2025 de la Revisión Nacional Estratégica - abrir la fuente
22. Ministerio francés de las Fuerzas Armadas: lucha informática ofensiva - abrir la fuente
23. DGSE: presentación institucional - abrir la fuente
24. Intelligence Online: DGSE y seguridad económica - abrir la fuente
25. Intelligence Online: acercamiento de la DGSE al sector privado - abrir la fuente
26. Dirección General de Empresas: informe anual 2023 - abrir la fuente
27. Asamblea Nacional francesa: informe 2025 sobre guerra económica - abrir la fuente
28. Asamblea Nacional francesa: trabajos 2025 sobre amenazas a la base industrial de defensa - abrir la fuente
29. Asamblea Nacional francesa: historia de ADIT y vigilancia tecnológica internacional - abrir la fuente
30. Bpifrance: presentación del grupo ADIT en 2025 - abrir la fuente