Alstom, Péchiney, Arcelor, Alcatel, inteligencia, redes de influencia y soberanía: anatomía de varias décadas de vulnerabilidad francesa
Hay guerras que destruyen ciudades y otras que hacen desaparecer, de forma mucho más silenciosa, capacidades industriales, patentes, centros de decisión, ingenieros y tecnologías. La segunda categoría es más difícil de percibir. No siempre hay soldados, tanques ni declaración de guerra. Una empresa cambia de propietario, un centro de investigación se desplaza, una tecnología se transfiere, un procedimiento judicial extranjero debilita a un grupo, un competidor compra una sociedad o se marchan ingenieros. Años después, un país descubre que una capacidad que dominaba depende ahora de una empresa o una potencia extranjera. Eso también es guerra económica.
El concepto ya no es marginal. En julio de 2025, la Asamblea Nacional francesa dedicó un informe completo a la guerra económica. Trata explícitamente de la protección de empresas estratégicas, la contra-injerencia económica, las inversiones extranjeras, los intentos de captación de información y el papel de los servicios de inteligencia en la defensa del potencial económico, industrial y científico francés. El SISSÉ gestiona alrededor de 750 a 800 alertas de seguridad económica al año relacionadas con empresas o activos estratégicos; en el ámbito de la base industrial y tecnológica de defensa se registran además 500 a 550 ataques caracterizados anuales contra entidades y organismos de investigación vinculados. [Assemblée nationale 2025]
Por tanto, no se trata de una teoría retrospectiva. El propio Estado francés considera la predación capitalística, la injerencia económica y la captación de tecnologías como problemas de seguridad nacional. La pregunta incómoda es por qué Francia tuvo que perder o debilitar tantos activos industriales antes de medir plenamente esa confrontación. Alstom no es el único objeto de este artículo. Es el caso de estudio que permite entender el mecanismo.
LA GUERRA ECONÓMICA: UNA GUERRA SIN UNIFORMES
Durante mucho tiempo se razonó como si la competencia internacional enfrentara esencialmente a empresas en los mercados: ganaría la mejor tecnología, los capitales circularían libremente y las fusiones o adquisiciones serían decisiones principalmente financieras. El mundo real es más duro. Una potencia puede utilizar su derecho, su moneda, sus sanciones, sus servicios de inteligencia, sus normas técnicas, su diplomacia, sus empresas, sus bancos, sus inversiones y sus procedimientos judiciales para defender intereses económicos. Puede adquirir una tecnología en lugar de desarrollarla, contratar a los ingenieros de un rival, influir sobre una norma internacional, explotar dependencias de una cadena de suministro, aplicar su derecho fuera de sus fronteras o captar información industrial mediante procedimientos aparentemente legales.
Las instituciones francesas reconocen hoy de forma explícita esos mecanismos. Los intereses económicos, industriales y científicos principales forman parte de los intereses fundamentales que el Estado debe proteger, y la seguridad económica es una prioridad permanente de inteligencia. Lo que antes se calificaba solamente de «competencia», «inversión» o «fusión-adquisición» puede convertirse, en determinadas circunstancias, en instrumento de poder.
OLIVIER MARLEIX CONOCÍA EL DOSIER — Y HAY QUE RESPETAR LOS LÍMITES DE LO DEMOSTRABLE
Olivier Marleix conocía particularmente bien el asunto Alstom. En 2018 presidió la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre las decisiones del Estado en los casos Alstom, Alcatel y STX, con Guillaume Kasbarian como ponente. Durante seis meses la comisión celebró numerosas audiencias, viajó a Estados Unidos y realizó controles documentales en el Ministerio de Economía. [Assemblée nationale 2018]
Una precisión es imprescindible. Decir que Marleix conocía el dosier se refiere exclusivamente a su trabajo parlamentario, sus investigaciones y las cuestiones que posteriormente trasladó a la justicia. No establece ningún vínculo entre el caso Alstom y su fallecimiento en 2025. Ningún elemento público permite semejante afirmación. El expediente es suficientemente grave sin añadirle teorías no demostradas.
ALSTOM FRENTE AL PODER EXTRATERRITORIAL DE LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE
La historia no empieza con General Electric. Alstom llevaba años sometida a investigaciones estadounidenses por corrupción internacional. El 22 de diciembre de 2014, el grupo se declaró culpable en Estados Unidos y aceptó una sanción penal de 772,29 millones de dólares por violaciones de la Foreign Corrupt Practices Act. El Departamento de Justicia documentó pagos corruptos y fallos contables en varios países y entidades del grupo. Sería falso contar que una empresa francesa perfectamente inocente fue acusada artificialmente para poder ser robada. Los hechos de corrupción existieron y Alstom los admitió. [Department of Justice]
Pero esa verdad no elimina la otra dimensión del problema: la extraordinaria potencia extraterritorial de la justicia estadounidense. El informe parlamentario francés de 2018 consideró que la perspectiva de una sanción cercana a los mil millones de dólares había acelerado decisiones dentro de Alstom; la propia empresa pidió que el acuerdo sobre la sanción se produjera después de la operación con General Electric. La cronología es llamativa, pero debe interpretarse con rigor. Ninguna prueba pública demuestra que General Electric ordenara u orquestara la actuación del Department of Justice para adquirir Alstom. Lo establecido es que un procedimiento estadounidense de enorme dimensión debilitaba a una empresa estratégica francesa al mismo tiempo que una empresa estadounidense negociaba la compra de su rama Energía. Eso basta para plantear una cuestión de relación de fuerzas.
LA INTELIGENCIA ESTADOUNIDENSE FORMABA PARTE DEL ENTORNO DE APLICACIÓN
El caso resulta aún más revelador al examinar los medios movilizados por Washington. El informe parlamentario de 2018 recuerda que los servicios de inteligencia estadounidenses participan oficialmente en la aplicación de legislaciones extraterritoriales como la FCPA o las sanciones económicas y señala que las audiencias de la comisión permitieron constatar su intervención en el caso Alstom. El propio Department of Justice identifica al FBI entre los organismos de investigación.
Una vez más, esto no demuestra una operación secreta concebida para entregar Alstom a General Electric. Demuestra algo más amplio: Estados Unidos sabe articular justicia, inteligencia, finanzas, diplomacia y estrategia nacional. Se puede criticar el método, impugnar la extraterritorialidad o denunciar su asimetría, pero queda un hecho: la potencia estadounidense está organizada de manera integrada. La pregunta siguiente es inevitable: ¿qué hacía Francia?
¿Y LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA FRANCESES?
Uno de los pasajes más reveladores del asunto es la pregunta planteada por Marleix sobre si la DGSE estaba informada de las investigaciones estadounidenses relativas a Alstom. Los representantes del servicio se negaron a responder invocando el secreto de defensa. Marleix escribió que solo cabía esperar que lo estuviera, al tiempo que lamentaba que las autoridades jerárquicas a las que informaba no hubieran anticipado el carácter profundamente desestabilizador del procedimiento estadounidense.
La distinción es fundamental. Quiero creer que los profesionales franceses de inteligencia, contraespionaje y seguridad económica no fueron ciegos ante la dimensión estratégica de lo que ocurría alrededor de un grupo como Alstom y que comprendieron, al menos parcialmente, las consecuencias de transferir bajo control extranjero actividades vinculadas al parque nuclear y a otras capacidades sensibles. Pero los documentos que permitirían demostrar exactamente lo que sabían no son públicos.
Quedan, por tanto, dos hipótesis. La primera sería muy preocupante: los servicios no detectaron un acontecimiento estratégico mayor. La segunda, que puede parecer más verosímil sin poder presentarse como hecho, es que detectaran al menos parte del peligro pero las alertas no provocaran una respuesta política suficiente. En ese caso, el fracaso no sería principalmente de los sensores. Sería un fracaso de transmisión, coordinación y decisión política.
EL INFORME PARLAMENTARIO HABLÓ DE UNA «AUSENCIA TOTAL DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL»
El informe de 2018 fue muy severo. Consideró que el caso Alstom había revelado una «absence totale de coordination interministérielle», una ausencia total de coordinación entre Justicia, Asuntos Exteriores y Economía frente a los procedimientos estadounidenses. Arnaud Montebourg declaró a la comisión que nunca había sido informado del procedimiento sobre Alstom. Si el ministro encargado de Economía ignoraba realmente un procedimiento extranjero capaz de debilitar a un actor tan estratégico, el problema es considerable. [Asamblea Nacional francesa, 2018]
Poseer una información no basta. Hay que transmitirla, hacerlo a tiempo, cruzar los análisis de varias administraciones, comprender su importancia y convertirla en decisión. Los servicios de inteligencia no gobiernan Francia. La DGSE no decide vender una rama de Alstom; la DGSI no firma las autorizaciones de inversión extranjera; la DRSD no fija la política industrial nacional. La inteligencia recopila, analiza, alerta y orienta. El poder político decide. La pregunta esencial no es solo «¿los servicios lo sabían?», sino «¿qué ocurrió con lo que eventualmente sabían cuando la información llegó a quienes podían decidir?».
CIENTOS DE MILLONES ALREDEDOR DE LA OPERACIÓN
A la dimensión geopolítica se añadía una cantidad extraordinaria de asesores remunerados. Del lado de Alstom, la comisión parlamentaria enumeró diez despachos de abogados, dos bancos asesores —Rothschild & Co y Bank of America Merrill Lynch— y dos agencias de comunicación, DGM y Publicis. Del lado de General Electric aparecían, entre otros, Lazard, Credit Suisse, Bank of America, Havas y diversos despachos jurídicos.
El coste oficialmente documentado para Alstom alcanzó 262 millones de euros, incluyendo parte de impuestos y tasas. La comisión consideró difícil imaginar que General Electric no hubiera movilizado recursos importantes por su parte. La cifra de 600 millones de euros a veces citada para el conjunto de la operación debe presentarse como estimación, no como un total oficialmente auditado. Sin embargo, 262 millones bastan para comprender la escala. La propia comisión se preguntó dónde se encuentra la frontera entre el asesoramiento y la influencia sobre la decisión. Esa pregunta no demuestra corrupción, pero tampoco puede descartarse como fantasía. [Asamblea Nacional francesa, 2018]
EL CONFLICTO DE INTERESES ESTRUCTURAL EN EL ASESORAMIENTO DE FUSIONES
En algunas operaciones de fusiones y adquisiciones, los bancos de negocios reciben parte de sus honorarios como success fee, es decir, una remuneración ligada a que la operación se realice. El problema intelectual es evidente: el asesor debe ayudar a iluminar la decisión de su cliente, pero puede tener simultáneamente un interés económico directo en que el acuerdo se cierre. Eso no significa que aconseje necesariamente mal ni constituye corrupción. Puede, sin embargo, crear un conflicto de intereses estructural, especialmente cuando no se trata solo de dos sociedades privadas, sino de activos vinculados a la soberanía nacional. De ahí la reflexión de la comisión Marleix-Kasbarian sobre un refuerzo de las declaraciones de intereses en la banca de negocios.
REDES, INFLUENCIA Y SUPUESTAS RETROCOMISIONES: NO CONFUNDIR LOS NIVELES DE PRUEBA
Durante años el asunto ha alimentado acusaciones sobre retrocomisiones políticas y redes ocultas. Hay que marcar una frontera probatoria clara. Ninguna retrocomisión política vinculada a la venta de la rama Energía de Alstom está hoy públicamente demostrada. Unos honorarios elevados no prueban que el dinero regresara clandestinamente a un responsable político. La proximidad profesional o social entre protagonistas no demuestra un delito. El pasado profesional de Emmanuel Macron en Rothschild tampoco constituye prueba de corrupción.
Eso no significa que las preguntas judiciales deban ignorarse. Informaciones públicas de Anticor se refieren a una investigación judicial abierta en diciembre de 2022 sobre aspectos de la cesión de la rama Energía y a la constitución de la asociación como parte civil en 2026. Una investigación sirve para determinar hechos; no es una condena. La única posición defendible consiste en permitir que la justicia termine su trabajo sin transformar sospechas en culpabilidades. [Anticor — procedimiento 2026]
EMMANUEL MACRON: RESPETAR LA CRONOLOGÍA
El papel de Emmanuel Macron también debe describirse cronológicamente. Cuando la operación Alstom-General Electric se hizo pública en la primavera de 2014, todavía no era ministro de Economía; había sido secretario general adjunto del Elíseo. El protocolo entre el Estado, General Electric y Alstom llegó en junio de 2014. Macron fue nombrado ministro de Economía el 26 de agosto de 2014 e intervino después en la fase de autorización.
Marleix sostenía una interpretación mucho más crítica del periodo anterior y consideraba, entre otras cosas, que Arnaud Montebourg había sido cortocircuitado por la Presidencia. El informe recordaba asimismo que la Agencia de Participaciones del Estado había encargado ya en octubre de 2012 un estudio sobre la hipótesis de un cambio de accionista en Alstom. Son elementos importantes, pero no deben transformarse artificialmente en conclusiones judiciales.
DIEZ AÑOS DESPUÉS, EDF RECUPERÓ LAS ACTIVIDADES DE TURBINAS NUCLEARES
El 31 de mayo de 2024, EDF culminó la adquisición a GE Vernova de las actividades nucleares de GE Steam Power, gestionadas ahora dentro de Arabelle Solutions. EDF explicó que la operación permitía recuperar tecnologías y competencias clave para la industria nuclear y la seguridad energética europea. Alrededor de 3.300 trabajadores estaban afectados, y las turbinas Arabelle están destinadas a los programas EPR, EPR2 y potencialmente a pequeños reactores modulares. [EDF]
Esta recompra no debe transformarse en una prueba retroactiva de corrupción. Pero políticamente hace casi inevitable una pregunta: ¿cómo pudieron tecnologías que EDF calificaba en 2024 de esenciales para la industria nuclear y la seguridad energética salir del control francés una década antes? Una capacidad puede ser vendible contablemente y, al mismo tiempo, muy difícil de sustituir estratégicamente.
ALSTOM NO FUE UN ACCIDENTE AISLADO
El análisis debe salir de Alstom. En 2023, el Senado volvió sobre una larga serie de casos que deberían haber ayudado a Francia a construir una verdadera cultura de inteligencia y guerra económica. Péchiney, campeón francés del aluminio y del embalaje, pasó bajo control del canadiense Alcan en 2003; trabajos parlamentarios ya destacaban el valor de su conocimiento tecnológico. Arcelor pasó bajo el control de Mittal Steel en 2006. Gemplus, especialista francés en tarjetas inteligentes, aparece en los debates senatoriales sobre vulnerabilidades de inteligencia económica. Alcatel-Lucent, actor principal de telecomunicaciones y cables submarinos, quedó bajo el control de Nokia en 2015-2016; la comisión de 2018 incluía expresamente Alcatel y STX además de Alstom. Technip se fusionó con la estadounidense FMC Technologies en 2017, mientras que el proyecto de cesión de Chantiers de l’Atlantique a Fincantieri se volvió lo bastante sensible como para provocar intervención política francesa. [Sénat 2023]
También podrían citarse la captación de datos industriales, los semiconductores, empresas de defensa o el contrato de submarinos australianos, sobre el que audiencias posteriores plantearon la cuestión de señales débiles mal percibidas. Cada expediente tiene su propia historia. Sería deshonesto afirmar que todos responden al mismo mecanismo, al mismo responsable o a una conspiración coordinada. Pero su acumulación plantea una pregunta común: ¿protegió Francia suficientemente las competencias, tecnologías y centros de decisión de los que depende su potencia futura?
El Senado fue especialmente severo al señalar ingenuidad o inacción de los poderes públicos, falta de anticipación, insuficiente cultura estratégica y ausencia durante décadas de una estrategia estable de inteligencia económica. Esa continuidad histórica también se analiza en Le Déclin organisé de la France, dedicado a cesiones industriales, transferencias tecnológicas, pérdida de centros de decisión y decisiones públicas que transformaron capacidades en dependencias. La tesis no es que toda adquisición extranjera sea perjudicial, sino que un activo estratégico no puede valorarse como un activo empresarial ordinario.
¿HA COMPRENDIDO FRANCIA FINALMENTE QUE ESTÁ EN GUERRA ECONÓMICA?
Hay que distinguir. Los servicios especializados lo han entendido. El sistema político lo ha entendido de forma mucho menos constante. Sería absurdo presentar hoy a la DGSE, DGSI, DRSD, SISSÉ o DGA como organismos que descubren ahora la guerra económica. El informe de la Asamblea Nacional de 2025 muestra lo contrario. Los servicios de inteligencia son fuentes esenciales para el SISSÉ y la DGA en la protección de activos estratégicos; DGSI y DRSD vigilan empresas, tecnologías y centros de investigación sensibles; la DGSE identifica amenazas de origen exterior; estructuras especializadas reúnen inteligencia de interés económico.
Los medios han aumentado. Desde su reorganización de 2022, la DGSE dispone de una estructura dedicada a la contra-injerencia económica. La DRSD ha reforzado mucho esta actividad para proteger la base industrial y tecnológica de defensa. El SISSÉ mantiene listas de empresas estratégicas, tecnologías críticas y organismos de investigación sensibles para detectar lo antes posible amenazas capitalísticas o informacionales. Quienes tienen por oficio observar las amenazas han comprendido el entorno. El problema está en otro lugar.
LOS SERVICIOS PUEDEN ALERTAR. NO PUEDEN GOBERNAR.
La distinción es esencial. En 1994, el informe Martre ya advertía del retraso francés en inteligencia económica. En 2003, el informe Carayon volvió sobre muchas de las mismas debilidades. En 2023, casi treinta años después, el Senado observó que gran parte de aquellos diagnósticos seguían siendo válidos: información fragmentada, insuficientes relaciones entre lo público y lo privado, débil cultura de inteligencia económica y, sobre todo, falta de apoyo político regular. [Sénat 2023]
El diagnóstico es demoledor porque el problema ya no puede resumirse en «no lo sabíamos». Había informes, casos, servicios, alertas, pérdidas y comisiones parlamentarias. Y casi treinta años después seguía escribiéndose un diagnóstico parecido. Por eso hay que distinguir el aparato profesional de inteligencia y seguridad económica del nivel político. Un analista de la DGSE puede explicar que una operación es peligrosa. Un agente de la DGSI puede identificar una injerencia. La DRSD puede detectar interés extranjero por una tecnología de defensa. El SISSÉ puede emitir una alerta. La DGA puede considerar una empresa indispensable para la autonomía estratégica. Al final alguien debe decidir: autorizar o bloquear, nacionalizar temporalmente o vender, invertir o abandonar, proteger una patente, mantener una cadena industrial, imponer condiciones a un inversor extranjero o defender a una empresa frente a un procedimiento extraterritorial. Esa decisión corresponde al poder político. Ahí es donde demasiadas veces se ha roto la cadena francesa. [Assemblée nationale 2025]
EL PROBLEMA YA NO ES SOLO LA INTELIGENCIA. ES SI SE ESCUCHA A LA INTELIGENCIA.
Alstom es un caso casi perfecto. Si la DGSE ignoraba por completo la investigación estadounidense y sus implicaciones, Francia debe entender por qué. Si conocía su importancia y alertó, hay que saber quién recibió la información y qué hizo con ella. Esa es la importancia de la observación de Marleix: no se limitó a preguntar si la DGSE sabía; lamentó que las autoridades a las que informaba no hubieran anticipado la desestabilización de Alstom.
La cadena decisiva es detección, análisis, transmisión, comprensión, arbitraje y decisión. Un fallo en cualquiera de esos puntos puede producir el mismo resultado: una tecnología se marcha, desaparece un centro de decisión, un competidor recupera conocimientos y, años después, todos reconocen que el activo era estratégico.
FRANCIA HA PROGRESADO, PERO TODAVÍA NO HA EXTRAÍDO TODAS LAS LECCIONES
Sería injusto afirmar que nada cambió. Desde mediados de la década de 2010 se reforzó considerablemente el dispositivo francés de seguridad económica: se amplió el control de inversiones extranjeras, aumentó el peso del SISSÉ, los servicios dedicaron más medios a la contra-injerencia económica y mejoró la cooperación interministerial. La Asamblea Nacional señaló en 2025 que el papel del SISSÉ era reconocido por los actores escuchados.
Sin embargo, el mismo informe identificó todavía margen de mejora en el intercambio de información. Y las amenazas no disminuyen: se gestionan aproximadamente 750 a 800 alertas de seguridad económica cada año, mientras 500 a 550 ataques caracterizados afectan anualmente a entidades de la base industrial y tecnológica de defensa o a organismos de investigación asociados. Una parte muy importante se refiere a operaciones de capital o captación de información sensible. No es el final de una batalla. Es su institucionalización. [Assemblée nationale 2025]
LA SOBERANÍA NO ES UNA BANDERA. ES UNA CAPACIDAD.
Un país no es soberano únicamente porque tenga una bandera, un gobierno y fuerzas armadas. Lo es porque conserva determinadas capacidades: producir energía, concebir sus armas, proteger comunicaciones, fabricar ciertos medicamentos y componentes críticos, dominar datos, mantener infraestructuras, construir las máquinas necesarias para su industria y, sobre todo, decidir sin pedir permiso o asistencia a una potencia extranjera.
Cuando desaparece una competencia crítica, nada dramático ocurre de inmediato. Los ministerios siguen abiertos y las banderas ondean. Después llega una crisis y el país descubre que ya no fabrica algo, que no sabe repararlo o que depende de una patente, un software, una empresa o un Estado extranjero. La derrota económica se hace visible años después de la batalla que la provocó. Por eso las decisiones industriales deben juzgarse a veinte o treinta años, no solo según el balance del trimestre siguiente.
EL MAYOR ESCÁNDALO QUIZÁ NO SEA EL QUE BUSCAMOS
En los grandes asuntos se busca a menudo una pieza espectacular que lo explique todo: una retrocomisión, una cuenta offshore, una conversación secreta, una orden oculta. Quizá la justicia descubra nuevos hechos sobre Alstom; quizá no. Pero el escándalo principal puede estar ya a la vista sin necesidad de una teoría conspirativa: un sistema estadounidense que piensa en términos de poder; unos servicios franceses que hoy piensan claramente en términos de guerra económica; y entre ambos, un sistema político que tardó décadas en comprender que vender una empresa estratégica no significa simplemente cambiar el nombre del accionista.
Puede significar transferir patentes, ingenieros, secretos industriales, centros de decisión, capacidades de mantenimiento, cadenas de suministro, relaciones comerciales y, finalmente, una parte de la libertad de acción del país. El Senado describió todavía en 2023 falta de anticipación, vigilancia insuficiente, subestimación de estrategias extranjeras y debilidad de cultura estratégica entre dirigentes políticos, administrativos y económicos. Eso ya es suficientemente grave.
ENTONCES, ¿HA FRACASADO FRANCIA?
No completamente. Los servicios han progresado. La legislación se ha reforzado. El control de inversiones extranjeras es más sólido. Existe el SISSÉ. La contra-injerencia económica se ha institucionalizado. La industria de defensa recibe una protección mayor y las tecnologías críticas se cartografían y vigilan mejor. Pero la pregunta esencial ya no es solamente «¿tenemos las herramientas?». Es «¿tendrán los responsables políticos el valor de utilizarlas cuando su uso tenga un coste económico, diplomático o electoral?» Proteger un activo estratégico puede significar rechazar una adquisición atractiva, invertir dinero público, enfrentarse a un aliado, mantener una actividad temporalmente menos rentable, imponer condiciones a un inversor, aceptar una nacionalización transitoria o decidir que una tecnología tiene un valor estratégico superior a su valor contable.
Ese es el momento en que se prueba una doctrina de soberanía. Los servicios pueden ver venir una amenaza, analizarla, explicarla y alertar. No pueden obligar al poder político a entender ni a decidir. La lección de Alstom, Péchiney, Arcelor, Alcatel y otros casos no es necesariamente que Francia carezca de inteligencia. Con demasiada frecuencia no transforma la inteligencia disponible en voluntad política.
Un país que desconoce un peligro puede aprender. Un país que recibe alertas, produce informes, observa los mismos errores durante treinta años y los repite debe acabar preguntándose no solo por sus servicios, sino por quienes los dirigen.
GUERRA ECONÓMICA: ¿HA FRACASADO FRANCIA?
Alstom muestra cómo puede construirse una derrota estratégica. Péchiney, Arcelor, Gemplus, Alcatel, Technip y otros casos muestran que la cuestión va mucho más allá de una empresa. Los servicios franceses de inteligencia y contra-injerencia han comprendido hoy el problema. La cuestión es cuándo comprenderá el poder político que recibir una alerta no basta: a veces hay que tener el valor de extraer las consecuencias.
La soberanía no se proclama después de perder una capacidad. Consiste precisamente en entender, antes de perderla, por qué había que conservarla. Y cuando un país debe recomprar mañana lo que dejó marchar ayer, quizá haya llegado el momento de dejar de hablar de accidentes aislados y empezar a hablar de doctrina nacional. Antes de toda operación relativa a un activo estratégico debería formularse una pregunta elemental:
¿ES BUENO PARA FRANCIA DENTRO DE VEINTE AÑOS?
No solamente para la cotización del próximo trimestre. No solo para la dirección de la empresa. No para el banco que asesora la operación. No para un gobierno que quizá ya no esté dentro de tres años. Para Francia. Probablemente ahí comienza toda verdadera política de soberanía.